Silao, Guanajuato.- La inoperancia de la Fiscalía General del Estado privó de la justicia a una menor de edad, quien hace cinco años fue víctima de violencia sexual por parte de un adulto mayor que, en aquella época, representaba para ella la figura de abuelo.
En mayo de 2019, una crisis física y psicológica llevó a la pequeña, que en ese momento apenas alcanzaba los siete años, a parar a un hospital, luego de revelar parte de lo sucedido. Los médicos se percataron de la gravedad del hecho y notificaron al Ministerio Público.
Inmediatamente su madre, que por resguardo de la identidad de ambas será llamada Esperanza, ratificó los hechos ante dicha autoridad, denuncia que inicialmente se recibió por el delito de tocamientos indebidos, pero que luego fue tipificada como abusos sexuales que habrían sido cometidos por parte de Francisco ‘N’, quien en ese momento tenía 66 años.
La madre relató que el haber solicitado la intervención de las autoridades le valió a la familia completa ser perseguida y recibir amenazas por parte de los hijos del abusador, quienes inclusive retuvieron a la niña ilegalmente.
“Con engaños fueron a hacerme la propuesta de que vendiéramos el silencio de mi hija y esta fue la manera de distraernos, aprovecharon para llevarse a mi hija, la mantuvieron encerrada en un vehículo”.
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Esperanza pidió el auxilio de la Fiscalía, pero no obtuvo respuesta
Por estos hechos Esperanza también pidió el auxilio de la Fiscalía, sin embargo, la respuesta de los servidores públicos fue que no podría interponerse una denuncia, ya que los involucrados eran familiares. Lo anterior, pese a la clara evidencia de que el hombre, a quien la niña y sus hermanos identificaban como ‘Papá Paco’, no tenía una relación consanguínea con la menor.
Se sabe que la última vez que Francisco habría ejercido estas graves conductas fue entre enero y febrero de 2019, mientras que la audiencia inicial, ya en manos del Poder Judicial de Guanajuato, estuvo convocada para principios de julio de ese mismo año.
Como el implicado no se presentó a los llamados judiciales se giró en su contra una orden de aprehensión, situación que enfureció todavía más a sus familiares, al grado de que elevó el hostigamiento hacia la familia de la menor, lo que la orilló a refugiarse durante un año en el norte de la República.
“Ante la situación que vivimos de persecución y demás, tuvimos que salir huyendo a la ciudad de Tijuana, el MP tuvo conocimiento, regresamos al año y nunca dejé de estar al pendiente del caso solicitando justicia… perdimos nuestro negocio”.
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Esperanza recibió amenazas, incluso por parte del MP en Guanajuato
La madre acusó que en este trayecto existió complicidad del Ministerio Público, siempre que varias veces se le negó el acceso a la carpeta de investigación, y la poca información que recibía era verbal: “Me decían que no podían darme información, que no estaba el encargado, muchos pretextos”.
Y comentó que la última de estas licenciadas la amenazó con que, de no recibir 15 mil 600 pesos que el hombre pretendía otorgar como reparación del daño a cambio de que firmara el otorgamiento del perdón, “ella (la asesora jurídica) tendría que dar aviso a DIF para que me quitaran la representación legal de mi hija”.
A partir de ahí, constató que no tenía el respaldo de esta institución investigadora, pues tras los años y pese a que la Fiscalía recibió reportes directos sobre los lugares donde se encontraba Francisco —en el mismo territorio municipal— nunca fue arrestado y, caso contrario, a mediados de 2023 se dictó sentencia absoluta por sobreseimiento, argumentando que habían transcurrido dos años desde que el delito se cometió y que, además, para entonces, habían pasado 4 años y 3 meses, por lo que hoy goza de plena libertad.
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“MP trabajó a favor del agresor”, quien goza de plena libertad
“Me dieron atole con el dedo, me estuvieron engañando, diciendo que seguían buscando, que seguían trabajando, cuando era mentira. El MP, desde mi punto de vista, trabajó a favor de él (Francisco)”.
En el mismo Ministerio Público le advirtieron que, de hacer público el caso, estaría violando los derechos de su hija: “El quedarnos calladas no nos ha servido de nada, el MP nos pidió prudencia por los detalles del caso, que no evidenciáramos, pero el silencio no es lo mejor; después de seis años seguimos viviendo en total impunidad, seguimos viviendo la injusticia de estas personas”.
Hoy ella y su hija se mantiene firmes en su intención de acabar con el silencio, en busca de que las instancias competentes les ayuden a lograr una justicia legal, pero de no conseguirla, al menos perseguir una condena social “para que no haya más víctimas de esta persona, no más mujeres, no más niñas violentadas por esta persona”.
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Esperanza también fue víctima de este agresor por violación sexual
La misma Esperanza fue víctima de este agresor, pero por violación sexual, sin embargo, si el caso de su hija fue ignorado, con mayor razón el de ella. Y lamentó que por ser un hombre de avanzada edad recibió la protección de las autoridades, mientras que ella fue obligada a callar.
“Él eligió ser un violador, él eligió ser un abusador, en cambio mi hija no tuvo la noción ni la decisión de ser violentada; ella simplemente fue una víctima de esta persona, del miedo, del pánico que infundió en ella para poder cometer el delito que cometió…llevamos seis años tocando puertas de autoridades, de políticos, de bancada feminista en busca de justicia, cosa que no ha llegado”.
La manera en la que el agresor mantuvo callada a quien ya alcanzó la adolescencia, fue amenazándola con que, si hablaba, asesinaría a su madre y a su abuela.
En consecuencia, desde entonces la víctima se ha mantenido en terapia psicológica para afrontar este aberrante suceso, pues “no ha podido enfrentarse a esa realidad”. Sin embargo, reconocen que no son ellos quienes deben agachar la cabeza, sino quienes cometen los delitos, por lo que hoy buscan reconstruir su vida y agotar el recurso de amparo.
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