Guanajuato, Guanajuato.- “No somos iguales. Nosotros primero tratamos de llegar al consenso, ver quién es el mejor perfil para que llegue y no llenar espacios con amigos”, sentenció el diputado y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Guanajuato, Ricardo Ferro Baeza, al señalar que la Dirección de Archivos del Poder Legislativo, cuya gestión es referente nacional, no puede quedar sujeta a cuotas partidistas.
En ese sentido, descartó de forma definitiva que el actual encargado de despacho, Enrique Sosa, sea ratificado como titular.
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“Él está como encargado; como director titular, no. Ya es la segunda vez que lo comento: no se va a quedar como titular”, afirmó Ferro Baeza, quien adelantó que el nombramiento debe concretarse este mismo mes, privilegiando perfiles con carrera interna, como el de Victoria, de quien destacó su perfil técnico e institucional.
Respecto a la crisis del estacionamiento del Congreso, que según peritajes recientes presenta daños estructurales graves y ha costado más de 30 millones de pesos en reparaciones fallidas, el diputado morenista denunció una persistente opacidad. Acusó que, pese a las promesas de apertura, la información entregada es incompleta, pues faltan planos y facturas clave bajo el argumento de ser “información reservada”.
“¿Para qué o qué tienen que esconder? Lo que más queremos es claridad. Mañana les vamos a demostrar que no subieron todo”, advirtió, al cuestionar por qué se ocultan detalles técnicos en una obra que originalmente costaría 138 millones de pesos y que ya supera los 800 millones.
Finalmente, el también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, quien es arquitecto de profesión, informó que contará con el apoyo de un especialista externo para realizar una inspección detallada, con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores.
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Advirtió que revisará “hoja por hoja” los expedientes para deslindar responsabilidades por lo que llamó “trabajos mal hechos”, que solo han servido como “una aspirina”. Concluyó señalando que, de confirmarse el ocultamiento de información sobre el riesgo de colapso o demolición, se buscarán sanciones administrativas, pues su prioridad es que “la seguridad de las personas esté por encima de cualquier interés político”.