Actualmente, productores agrícolas mantienen cierres parciales en carreteras de Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, como parte de la presión para que sus demandas sean atendidas por el Congreso.
Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente de los Campesinos, señaló que hasta ahora han evitado llevar sus manifestaciones a la capital del país con el fin de facilitar el diálogo con el Gobierno federal y los legisladores.
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“Nos hemos puesto de acuerdo en no manifestarnos en la Ciudad de México, esperando apertura para que se incluya nuestra propuesta en el dictamen final”, explicó. No obstante, advirtió que, si la iniciativa se mantiene sin modificaciones, “no habrá más alternativa que movilizarnos; es nuestra única forma de defensa”.
Entre las acciones que prevén aplicar se encuentran ampliar los bloqueos, protestas masivas y la presentación de miles de amparos en contra de la legislación.
Rodríguez adelantó además que sostendrán una reunión con Adán Augusto López para insistir en la inclusión de dos artículos transitorios que reconozcan alumbramientos y perforaciones históricas, pues, sin ellos, miles de productores quedarían en una situación de vulnerabilidad jurídica.
A esta postura se sumó Baltazar Valdez, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, quien aseguró que, de ser necesario, también bloquearán el acceso a la Ciudad de México para impedir la aprobación de la ley.
Debate dividido en la Cámara de Diputados
Durante la discusión en San Lázaro, los legisladores de Morena, PT y PVEM defendieron que la iniciativa mantiene el respeto a las concesiones vigentes, combate el acaparamiento del agua y busca frenar el mercado negro del recurso.
En contraste, el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano acusaron que la reforma abre la puerta al control político del agua y limita la operación de productores que dependen de concesiones de largo plazo.
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El dictamen establece que el Estado Mexicano será la única autoridad responsable de regular el uso del agua, delineando funciones específicas para los tres niveles de gobierno. Además, elimina el sistema de transmisión de derechos entre particulares y determina que cualquier concesión no utilizada para sus fines originales deberá regresar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para su redistribución.
La propuesta también crea un catálogo de responsabilidades hídricas para concesionarios y asignatarios, así como un Registro Nacional del Agua, que busca transparentar el manejo y otorgamiento de concesiones en todo el país.