Junto al edil también fueron detenidos el comisario de Seguridad Municipal, Juan Manuel “N”, y el director de Catastro y Predial, Juan Gabriel “N”, señalados por su probable participación en una estructura criminal dedicada a privaciones ilegales de la libertad.
La defensa de los tres imputados solicitó la duplicidad del término constitucional para preparar su estrategia jurídica antes de la audiencia de vinculación a proceso, prevista para el 10 de febrero.
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Secuestro de candidatos de Morena
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Rivera Navarro habría ordenado el secuestro y tortura de dos aspirantes de Morena durante el proceso electoral de 2021 para obligarlos a abandonar la contienda por la presidencia municipal.
Las víctimas, identificadas como Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, fueron citadas con engaños y posteriormente interceptadas por hombres armados.
Según la carpeta de investigación, Cordero fue privado de la libertad en un restaurante sobre la carretera Internacional 604 y trasladado a un terreno baldío donde fue golpeado y presionado para renunciar a sus aspiraciones políticas. Más tarde fue llevado a una vivienda en la colonia Obrera 1, donde también fue retenido su suplente, quien igualmente sufrió agresiones.
Ambos firmaron su renuncia ante autoridades electorales y después fueron liberados, situación que permitió que Rivera Navarro quedara como candidato.
Red de extorsión y cobro de piso
Las acusaciones contra el alcalde no se limitan al secuestro. El Ministerio Público lo señala como presunto líder de una red de extorsión que operaba desde el Ayuntamiento y que exigía pagos a comerciantes, empresarios y productores del sector tequilero.
Los montos, según la investigación, iban desde 500 pesos hasta cantidades millonarias bajo el concepto de “derecho de piso”. Quienes se negaban a pagar eran amenazados o privados de la libertad.
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Presuntos vínculos con el CJNG
El expediente también apunta a posibles nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades sostienen que el edil habría pactado la entrega de hasta 40 millones de pesos anuales al grupo criminal, presuntamente a cambio de apoyo financiero para su campaña política.
Entre los señalados como colaboradores figuran funcionarios municipales que, de acuerdo con la FGR, fungían como operadores financieros y enlaces con células delictivas. Algunos se encuentran prófugos.
Testimonios recabados por la fiscalía indican que integrantes del Ayuntamiento y policías municipales acudían directamente a negocios para exigir pagos mensuales que, en el centro histórico, podían alcanzar entre 20 mil y 50 mil pesos. Comerciantes que no accedían habrían sido secuestrados e incluso desaparecidos.
Proceso en curso
El juez federal determinará en los próximos días si los tres detenidos son vinculados a proceso formal. Mientras tanto, permanecerán en prisión preventiva oficiosa.
Las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades y ubicar a otros posibles integrantes de la presunta red criminal.