León, Guanajuato.- Una marcha pacífica fue anunciada para protestar por el caso de los rescatistas Marcos Aguilera y Rocío Gabriela Sánchez, conocida como Chío Sanz, quienes el próximo 5 de octubre esperan conocer la resolución del proceso judicial iniciado después de que ingresaran sin autorización a un domicilio de León para auxiliar a unos perros.
La movilización fue anunciada por Aguilera, quien señaló que pretende encabezarla junto con amigos y seguidores en las instalaciones del Centro de Control y Bienestar Animal, una vez que se conozca la resolución. El activista planteó que la protesta busca exigir justicia y visibilizar la situación de los animales involucrados.
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La audiencia que estaba prevista recientemente fue aplazada debido a que la persona que presentó la denuncia no acudió. Por ello, el procedimiento fue reprogramado para el 5 de octubre, fecha en la que esperan conocer el veredicto y, en su caso, las condiciones o sanciones que deberán enfrentar.
Chío Sanz, por su parte, pidió no adelantar el resultado del proceso y aclaró que hasta ahora no existe una sentencia ni una condena en su contra.
“Hasta este momento NO existe una sentencia ni una condena en nuestra contra. El proceso legal continúa”.
El caso se remonta a 2022, cuando los rescatistas acudieron a un domicilio tras conocer que varios perros se encontraban solos mientras su propietaria estaba de vacaciones.
Según el relato de Aguilera, uno de los animales ya había muerto y otro estaba en riesgo. El rescatista contó que el perro se encontraba en una azotea, sujeto con un candado, y que, al intentar saltar, quedó suspendido y en peligro de morir ahorcado.
Aguilera ingresó entonces al inmueble para auxiliarlo. Posteriormente, la propietaria presentó una denuncia contra él y Sánchez por diversos delitos, entre ellos robo, allanamiento y daños, de acuerdo con el relato del propio activista.
Los rescatistas reconocen que entraron al domicilio sin autorización, aunque sostienen que lo hicieron con el propósito de salvar al animal.
“Sí cometimos un delito, sí, estamos de acuerdo, no somos las víctimas. Nos metimos para salvar unos perritos que se estaban muriendo colgando, y ese fue el error”.
El procedimiento tuvo un resultado adverso para los rescatistas, quienes posteriormente promovieron un amparo. Ahora esperan conocer las consecuencias jurídicas del caso.
En su comunicado, Chío Sanz también cuestionó qué ocurrió con los animales que motivaron aquella intervención y señaló que aún existen preguntas sobre la investigación.
“Nosotros estamos respondiendo por nuestros actos… y sigo preguntándome quién respondió por ellos”.
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Rocío Sanz pidió, además, que las respuestas sobre la investigación sean solicitadas a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, mientras que ambos rescatistas continuarán a la espera de la resolución.
Por ahora, será hasta el 5 de octubre cuando se conozca la determinación judicial y, a partir de ella, los términos que deberán enfrentar los dos activistas.
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