En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Moreno, conocido como ‘Alito’, afirmó tener acceso a grabaciones y llamadas telefónicas que, según él, confirman una estrategia desde “el más alto nivel” para callarlo políticamente.
“Estamos confirmando la información, de llamadas telefónicas, audios, donde ellos mismos (Morena) hablan de las instrucciones que hay del más alto nivel del Gobierno para callarme”, aseguró el priista.
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Moreno fue más allá, al acusar al Gobierno federal de encaminar al país hacia un modelo autoritario, similar al de Venezuela, con el objetivo —dijo— de desmantelar las instituciones, aumentar la inseguridad y destruir la economía.
“Solo les queda una: empezar a meter a todos los opositores a la cárcel. Los regímenes dictatoriales no es nada más meterte a la cárcel, es querer meterte a la cárcel para luego inventar una riña y asesinarte. Eso es lo que está ocurriendo en México”, advirtió.
¿Hay sustento para quitarle el fuero?
Las acusaciones surgen tras el enfrentamiento físico entre Moreno y el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, durante una acalorada sesión en San Lázaro. También se reportó que un trabajador del Senado, Emiliano González, habría resultado lesionado en el altercado.
La respuesta desde el oficialismo ha sido ambigua. Por un lado, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, afirmó que sí existen elementos para que la Fiscalía General de la República (FGR) considere una solicitud de desafuero.
“Se tienen que revisar muy bien todos los videos. Entiendo que ya hay una denuncia; va a valorar la fiscalía. Por cualquier delito se puede pedir desafuero”, dijo Godoy a su llegada a la plenaria de Morena.
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No obstante, dentro del mismo partido guinda, hay voces que matizan la viabilidad de una acción legal contra ‘Alito’. Ignacio Mier, vicecoordinador de los senadores de Morena, consideró que las presuntas agresiones no serían suficientes para sustentar un proceso formal de desafuero o juicio político.
“Yo creo que no alcanza, por su naturaleza. Habría que verlo, no soy médico legista, pero no necesariamente se configura una causal sólida para iniciar el proceso en Cámara de Diputados”, comentó Mier.
El caso se encuentra en una fase temprana, sin que hasta ahora la FGR haya emitido una postura oficial o iniciado un procedimiento. Sin embargo, la denuncia pública de Moreno añade tensión al ambiente legislativo, ya polarizado rumbo al arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones.
Mientras tanto, el PRI ha cerrado filas en defensa de su dirigente, asegurando que las acusaciones en su contra son una cortina de humo para desviar la atención de los problemas del país.
Por su parte, Morena enfrenta el reto de demostrar que no hay una persecución política en curso, en medio de una creciente presión por el tono confrontativo del gobierno con líderes de la oposición.