1.- Alma Alcaraz: mucho más que una errata
Sería iluso pensar que la mentira no es una herramienta cotidiana para los políticos, sin embargo, existen matices que la vuelven grave e imposible de evadir o normalizar. Así lo fue con la excandidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández, quien decidió falsear su domicilio de residencia en el municipio de Silao ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
La verdad es que el caso en particular es bochornoso. Se trata de un domicilio que presumiblemente ocupó por un tiempo pero que permanecía consignado en su credencial de electora. Lo que trascendió al interior de Morena es que optó por esa dirección, debido a la posibilidad que tendría de contender por una diputación, antes de que fuera incluida en el proceso por la gubernatura.
A juzgar por los documentos exhibidos por Correo, sin duda alguna contó con la complicidad del municipio de Silao encabezado por el también morenista Carlos García Villaseñor, pues se le expidió la carta de residencia mintiendo también al acreditarle una inexistente estadía de nueve años en el lugar. Así que se trata de un acto ilegal que además estuvo organizado.
El tema salió a la luz ni más ni menos que por la denuncia de los ocupantes actuales del domicilio en cuestión ubicado en el clúster privado Villas de Silao, luego de recibir una andanada de notificaciones del INE, por los asuntos que Alcaraz Hernández tuvo en la lumbre durante la campaña electoral, y ni la conocen.
De manera que no es un asunto menor. La correspondencia derivó de diversas demandas que había en su contra por supuestas irregularidades durante el proceso electoral, que tocó darle cauce a la Auxiliar Jurídica de la 09 Junta Distrital Ejecutiva en Guanajuato, Karenn Guadalupe Ramírez Rodríguez, quien buscaba notificar oficios de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.
Ahora bien, es evidente que estamos ante un delito electoral del cual la propia Alma deberá defenderse y explicarse con detalle. Realmente la valoración que más pesa es la política, pues este hecho sale a la luz justo cuando la política de origen jaliciense, procedencia sinaloense y actualmente asentada en Guanajuato, busca rehacer su liderazgo.
De hecho, la propia Alma recibió el respaldo por parte de la cúpula de Morena para que encabece la impugnación de la elección por la gubernatura, lo que ha supuesto las condiciones idóneas para que tendiera puentes con los diferentes grupos internos pero sobre todo marcará su distancia de Ricardo Sheffield Padilla.
Ahora, con semejante exhibida, Alma Alcaraz deberá afrontar las consecuencias de un acto que implica no una sino varias irregularidades, comprometiendo su papel como naciente lideresa moral de Morena en Guanajuato, luego de haber conseguido un millón de votos, la cantidad más grande lograda por una candidatura de oposición en el estado.
2.- La advertencia tras el Plan C: reformar las fiscalías
Si las resistencias del todavía titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Zamarripa Aguirre, continuarán a carta cabal vía los diputados locales del PAN que le rinden obediencia, tanto para evitar la reforma policial como para establecer controles para la autonomía de esta entidad, existe una coyuntura que podría catalizar todo.
Este fin de semana, la futura Consejera Jurídica de Claudia Sheinbaum Pardo, y quien de forma inminente llevará buen parte de su agenda legal, Ernestina Godoy Ramos, advirtió que además de la reforma al Poder Judicial concentrada en el llamado Plan C, también se avanzará con la reforma para homologar, bajo nuevos parámetros, a la fiscalía estatales.
Justamente Godoy Ramos participó en el foro “Innovación en la Construcción de Paz y Seguridad desde lo local”, realizado en la Cámara de Diputados. Ahí adelantó que la idea es que las fiscalías sean cercanas a la ciudadanía. Claro, se puso como ejemplo, pero más allá de eso advirtió que el tema será el trabajo policial, el de las fiscalías, los tribunales y el sistema penitenciario los que pretenden tocar.
Hay razones de peso para tomar en cuenta las palabras de Ernestina Godoy, pues no se trata de una ocurrencia de fin e inicio de sexenio; es en suma el camino trazado por la 4T para buscar su propia fórmula contra la criminalidad pero sobre todo contra la impunidad, desde una visión centralista de la que se desprende la soberanía de los estados. Ellos ponen la pauta, pues.
¿Es una coyuntura favorable a la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo? Todo depende de ella. Si ya prevé los escollos que el propio Zamarripa y su estructura dentro y fuera de la FGE van a tratar de imponer, bien podría al menos tomar como referencia la agenda de la 4T y partir de ahí para trazar su propia propuesta. De otro modo, el primer paso se dará desde Palacio Nacional.
3.- La desgarradora sentencia de las buscadoras
El sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tuvo que enfrentar desde su inicio, la grave crisis de personas desaparecidas en Guanajuato al ser un problema que hasta 2020, había sido invisibilizado, negado, justificado y abandonado, aún sin tener datos, estadísticas, estudios o una mínima estructura especializada en la materia. Prácticamente se inició de cero.
Fue en esa coyuntura que se dio el primer encuentro entre Rodríguez Vallejo y las primeras familias que rompieron el miedo para movilizarse y crear los primeros colectivos de búsqueda en Guanajuato. “Este es el tejido social que se está desagarrando”, le exclamó entonces una buscadora al gobernador con toda la intención de develar ante sus ojos la más cruda de las realidades.
Está apunto de terminar el sexenio y la misma buscadora volvió a hablar fuerte y claro sobre la misma crisis. Con muchos más datos duros, la experiencia del recorrido de casi cuatro años y la madurez de una defensora de derechos humanos, evidenció que la cifra actual de desaparecidos es siete veces mayor a la que se dio cuenta en 2018.
“Existimos 25 colectivos con por lo menos 100 casos cada uno y un grupo de familias independientes con el objetivo de encontrarlos a todos. ¿Por qué se desaparece la gente en Guanajuato? pues por la ausencia del gobierno, la ausencia del Estado, por la falta de seguridad porque nos han fallado… porque les han fallado…”, sentenció.
Ya con el refuerzo de la investigación y la academia, resaltó que, en análisis cruzados, entre el 2009 y marzo del 2024 se han encontrado 550 fosas clandestinas con más de mil cuerpos, hablando de la situación de las fosas comunes, las legales, las que están a mando de los municipios, hay centenares de cadáveres, no identificados cuando reportan las cifras esos ayuntamientos.
El colmo es que, a estas alturas, persisten las cifras confusas de la fiscalía general del estado, las limitaciones de la comisión estatal de Búsqueda y una larga lista de pendientes que provocan que la salida a la crisis de los desaparecidos en Guanajuato se vea mucho cada vez más lejana, a pesar de los discursos y las promesas políticas.
CONTRA RETRATO
Arturo Lara Martínez
Asumió la sala especializada en materia de combate a la corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) en 2017, derivado de las reformas con las que se creó el Sistema Estatal Anticorrupción cuyos pocos resultados palpables a la fecha, se han dado desde su posición muy a pesar de las deficiencias técnicas mostradas por las contralorías y la fiscalía especial.
Arturo Lara Martínez es el magistrado que ha encabezado la lucha contra la corrupción de forma hasta milagrosa. Ya en diferentes foros, la representación del TJA ha expresado la necesidad de que las instancias de control interno mejoren sus procesos de investigación y sustentación, un llamado al que incluso se ha sumado la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).
Aún con esas limitaciones, Lara Martínez ha demostrado solvencia en su encargo con toda la fluidez posible de los casos que tiene en su haber. De ahí que Correo haya recuperado siete de sus últimos casos en los que se debieron imponer inhabilitaciones, al ser muestra fehaciente de la diversidad de niveles, situaciones y agravios que le ha tocado juzgar.
Se trata de funcionarios de León, Irapuato y San Miguel de Allende, con inhabilitaciones vigentes impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa por cometer faltas graves como cohecho, actuación bajo conflicto de interés, peculado y abuso de funciones.
De destacar que entre estos casos está el de Aurora Rangel Moreno y el de Gabriel Briones Carranco, quienes manipularon el valor catastral en cuentas de predial de forma masiva. También importante el caso del exdirector general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), Leonardo Lino Briones, por firmar un contrato irregular.
Así que, ahora que está en boga el TJA por sus inefables nuevas incorporaciones, no está demás recordar lo que un funcionario debidamente capacitado puede entregar.