La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), Altagracia Gómez reconoció el rezago en la reducción y simplificación de trámites a nivel federal y local al que se enfrenta el empresariado dedicado a la vivienda en México.
“Más o menos a nivel federal hay 7 mil 500 trámites. A esto le debemos sumar en promedio de mil trámites por estado… La Ciudad de México tenía 2 mil 500 trámites, pero en la administración de la presidenta bajó a 500 y en promedio tienen 15 requisitos por trámite”, explicó la empresaria.
En su participación en el Foro Estrategias para el desarrollo económico desde la vivienda, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Gómez reconoció que es muy difícil cumplir con la reducción de trámites, pues algunos estados cumplen y otros no.
Agregó que a esta problemática se le suman los retrasos que vienen de años atrás.
“El tema de trámites desde gobierno, se ha vuelto un inhibidor. En la parte municipal, hemos llegado ya a niveles de discrecionalidad terribles ¿Qué avances o acciones podemos esperar en esta materia?”, cuestionó el presidente nacional de Canadevi, Eduardo Ramírez Capó.
Ante eso, Altagracia Gómez aseguró que la actual administración debe ser la simplificación y la digitalización.
“En la administración pasada, se trató de recuperar la capacidad operativa y de reacción de las secretarías y eso tiene que ver necesariamente con un tema tecnológico. Y además, este tema tecnológico es la mejor oportunidad que tenemos para quitar la discrecionalidad de la autoridad”, señaló la coordinadora del CADERR.
Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos
En junio pasado, el Senado aprobó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que digitalizará trámites y centralizará datos personales y biométricos mediante la Llave MX.
En teoría, la nueva legislación permitiría crear una plataforma para transformar la Clave Única de Registro de Población (CURP) en un documento donde se concentren los datos personales, fotografías y datos biométricos, como huellas dactilares o escaneo de iris, de toda la población representa un riesgo para los mexicanos.