Celaya, Guanajuato.- Varios funcionarios del gobierno de Celaya han sido amenazados desde el inicio de la administración; por ello, se trasladan en camionetas blindadas y cuentan con escoltas para su resguardo personal.
Entre los que han sido amenazados se encuentra, en primer lugar, el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, quien ha señalado en distintas ocasiones que ha recibido amenazas de diversas maneras y por distintos motivos, desde el crimen organizado hasta líderes sociales o vecinos inconformes con alguna acción de gobierno.
En noviembre del año pasado, el alcalde señaló que grupos delictivos “le pedían algunas posiciones dentro de su gobierno”.
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“Son varios (los funcionarios que usan vehículo blindado y escoltas) porque ellos también han sido amenazados… Son dos o tres los que fueron amenazados, ustedes lo saben, pues ya lo he dicho varias veces”, informó Juan Miguel Ramírez.
El Tesorero, Juan Almaraz Vilchis; el Director de Obras Públicas, Refugio Rojas; y el director de Jumapa, Saúl Trejo, cuentan con camioneta blindada y escoltas desde el inicio de la administración.
“Desde un principio, hay un grupo de miembros del gabinete que fueron amenazados y cuya labor ha sido continuamente objeto de riesgos. Cuando me amenazan a mí, regularmente ellos también han sido amenazados en menor proporción, pero nosotros tenemos que apoyarlos”, señaló Ramírez.
Otros funcionarios que, aunque no han recibido amenazas directas, también tienen escoltas son los titulares de Fiscalización, Eduardo Griss Kauffman; de Tránsito, Martín Filiberto García; y del Sistema de Cultura Física y Deporte (Sidec), Alma Goretti Martínez, entre otros.
El alcalde Juan Miguel Ramírez aceptó que, a diferencia de otras administraciones, varios funcionarios del gobierno municipal tienen un vehículo blindado a su cargo, ya que buscan protegerlos.
Ramírez señaló que los miembros de su familia también se trasladan en unidades blindadas y cuentan con escoltas, ya que desde que inició la administración solicitó al municipio y a la Federación apoyo para brindar seguridad a sus hijos y su esposa.
“Yo les dije que iba a trabajar muy fuerte todos los días, pero solo pedía que le dieran seguridad a mi familia”, dijo y agregó que él no usa chaleco antibalas y trabaja a diario por el bienestar del municipio y sus habitantes.
“Los integrantes de mi familia traen camioneta; mi familia no es muy grande. Lo único que yo he pedido es que voy a trabajar aquí pase lo que pase, pero quiero protección para mi familia. No uso chaleco, y esta actitud que tengo es porque siento que mi familia está protegida. Lo único que les he pedido es que me protejan a mi familia, y el gobierno federal también ha determinado apoyarla, porque me han visto que yo no he venido a agarrar nada, ni a hacer cosas malas. Yo tengo una camioneta blindada del 2017 desde un principio, no del 2024”, expresó.
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Por secrecía, Ramírez no informó el número de camionetas blindadas que tiene su gobierno, pero señaló que él usa una del 2017 y que la mayoría de las que se tienen presentan fallas mecánicas constantemente.
También mencionó que, por el momento, no se contempla comprar más camionetas blindadas.
Otorga tres meses de prórroga al exalcalde Javier Mendoza para regresar camionetas
Luego de que el exalcalde Javier Mendoza Márquez pidió una prórroga para regresar dos camionetas –una blindada y otra sin blindaje– así como cinco escoltas cuyo salario es pagado por el municipio, el presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, y el gabinete de seguridad determinaron que el plazo será de máximo tres meses.
Juan Miguel Ramírez informó que el exalcalde Javier Mendoza es considerado como víctima tras el asesinato de su hijo el 17 de agosto de 2022 y, por esa razón, la Comisión Estatal de Víctimas podría pedirle que lo apoye con las unidades y el equipo de escoltas. Además, él, por una cuestión humanitaria, aprobará la prórroga, pero dejó claro que sería de máximo tres meses mientras el exmandatario “arregla su situación”.
“La justificación es que, en la Comisión Estatal de Víctimas, él es una víctima… Ellos me pueden pedir que le dé esa prórroga y, como sé que va a pasar eso, de antemano les dije que hasta tres meses con todo gusto podríamos apoyarlos”, afirmó el alcalde.
La ley indica que los presidentes municipales y el Secretario de Seguridad Ciudadana pueden mantener durante un año el vehículo blindado oficial que tenían mientras estuvieron en el cargo, así como el equipo de seguridad, pero el plazo vence el 10 de octubre.
El pasado viernes, Javier Mendoza no regresó los vehículos ni los cinco escoltas que lo acompañan y pidió una prórroga para devolver las unidades y el personal. Solo el exsecretario de Seguridad Ciudadana y actual Comisario Estatal de Caminos, Jesús Rivera, regresó una camioneta que se llevó hace un año.
Al inicio de la actual administración, el presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, informó que el exalcalde se había llevado cinco camionetas blindadas para él y su familia, además de entre 25 y 30 escoltas que eran expolicías federales conocidos como ‘Fedepales’. Lo cual, dijo, se le hacía inadecuado, debido a que la ley marca que la seguridad es durante un año al término de su mandato, pero solo para el presidente municipal y no para el resto de su familia.
En marzo pasado, el gobierno del alcalde Juan Miguel Ramírez solicitó al ex presidente municipal, Javier Mendoza, que regresara las camionetas blindadas que se llevó al dejar el cargo (el 9 de octubre de 2024), ya que fueron cinco las unidades y entre 25 y 30 escoltas. Al final, regresó solo tres unidades y se quedó con cinco escoltas.
“Hemos ido negociando poco a poco y, en un proceso, nos han ido entregando las otras camionetas. Ya regresó tres blindadas. La justificación es que, para la Comisión Estatal de Víctimas, él es una víctima y todavía no puede suplir la ayuda que le estamos dando”, señaló.
Al presidente Juan Miguel Ramírez se le recordó que su antecesor sí pidió a la exalcaldesa panista Elvira Paniagua que regresara la camioneta blindada que se le prestó durante un año, así como los escoltas. Sin embargo, el alcalde morenista dijo que él no va a actuar así y que le darán un plazo máximo de tres meses para que “supla la ayuda que le está dando el municipio”.
“Yo no voy a hacer eso, yo no voy a actuar así, aunque me dicen que soy un dictador. Yo dialogo, y además aquí hay un agravante, porque para la Comisión Estatal de Víctimas él también es víctima, y me dieron a entender que, si él me pedía una prórroga, yo debía apoyarlo”, indicó Juan Miguel Ramírez Sánchez.
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