Guanajuato, Gto.- Representantes de centros de rehabilitación en Guanajuato advirtieron que continuarán operando desde la clandestinidad para atender la crisis de adicciones y proteger a las familias de la inseguridad, tras acusar desinterés y persecución por parte del gobierno estatal. Esto ocurrió durante el análisis de la Ley para la Prevención y Atención Integral de las Adicciones al interior de la Comisión de Salud Pública.
Durante la mesa de trabajo, autoridades estatales, entre ellas la Secretaría de Salud y la Consejería Jurídica, determinaron que la propuesta resulta inviable. Argumentaron que la regulación de salubridad y el control sanitario de los anexos son facultades reservadas exclusivamente a la Federación. Además, señalaron que la iniciativa carece de viabilidad financiera al exigir centros en todas las regiones sin fondos asignados, por lo que sugirieron no duplicar funciones y apoyarse en estructuras existentes como el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones.
Representantes de anexos en Guanajuato rechazan cerrar centros de rehabilitación
En respuesta a la negativa, Nicolás Pérez Ponce, representante de centros de rehabilitación, aseguró que mantendrán sus puertas abiertas ante la emergencia social.
“Nosotros vamos a seguir trabajando por la necesidad de la gente, aun en contra de lo que ellos dicen. Al final de cuentas ellos no cubren este tema y no entendemos por qué no lo hacen”, sentenció.
Pérez Ponce reveló que la crisis ha escalado a un tema de seguridad, pues las familias los contactan en medio del pánico para pedir resguardo frente al crimen organizado.
“Hay familias que ya nos hablan por su seguridad de ellos. Que me dicen: ‘venga por él, tengo miedo’. A veces hemos encontrado a las familias encerradas en los baños”, relató.
Sin embargo, acusó que las clausuras de la Secretaría de Salud y los bloqueos municipales con permisos de uso de suelo han orillado a los centros a borrar logotipos y operar con bajo perfil por temor a los cateos del gobierno, advirtiendo que “a veces por ayudar resultamos ser delincuentes”.
Asimismo, reprochó la falta de vocación estatal e instó a los legisladores a legislar con sensibilidad y enfoque de derechos humanos, recordando que la mayoría de los usuarios padecen cuadros de depresión profunda que históricamente han sido ignorados por las autoridades.
Cuestionan inversión estatal en campañas de rehabilitación
Frente a las trabas institucionales, el diputado morenista Antonio Chaurand Sorzano rechazó la excusa de la jurisdicción federal y cuestionó duramente la efectividad de la política de prevención del gobierno estatal.
“Se señalaron los millones de pesos que se destinaron a Planet Youth. Yo quiero pensar si estos millones de pesos se hubieran destinado justamente para enfrentar de otra forma el problema, yo creo que el resultado sería diferente”, afirmó.
El legislador advirtió que la inacción del gobierno solo está empujando a los centros a la ilegalidad, por lo que urgió a concretar un esquema estatal que garantice la supervisión médica de los recintos.
“Ellos mismos están diciendo que de manera clandestina van a seguirlo haciendo. Justamente por eso es que considero que debe haber una normatividad muy clara, muy específica y que tome en cuenta las opiniones de todos. El problema es nuestro. Hay que hacer acciones para hacerlo aquí”, concluyó Chaurand Sorzano.
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