Guanajuato, Guanajuato.- Finalmente, fueron aprobados cinco de los seis criterios propuestos para evaluar a los aspirantes a la titularidad de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato. La polémica surgió con el sexto criterio: independencia e imparcialidad.
Los diputados panistas lo rechazaron al considerar que no había criterios objetivos para su evaluación.
La diputada Plásida Calzada Velázquez, presidenta de la comisión, explicó que se evaluarán cinco criterios en una escala del 1 al 5: muy limitado e insuficiente (1), cumple parcialmente (2), cumple de manera aceptable (3), supera expectativas (4) y destacado (5).
Los criterios aprobados fueron: idoneidad académica y profesional para el cargo, planteamiento y exposición del plan de trabajo, trayectoria en la defensa de los derechos humanos, respuesta a preguntas y casos prácticos de la sociedad civil, y evaluación de consistencia. La propuesta de incluir un sexto criterio, la independencia e imparcialidad, no convenció a los panistas.
La legisladora del PAN, Ana María Esquivel Arrona, afirmó que los cinco criterios fueron consensuados y aprobados por toda la comisión, pero no así el sexto, del cual, aseguró, se enteró en el momento en que fue presentado por la presidenta de la comisión.
Sus compañeros de bancada, Jesús Hernández Hernández y José Salvador Tovar Vargas, respaldaron su postura.
Plásida Calzada Velázquez explicó que, según las solicitudes de diversas organizaciones, era necesario garantizar la independencia en la titularidad del organismo.
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El diputado David Martínez Mendizábal, quien aunque no forma parte de la comisión estuvo presente en la sesión, argumentó que la autonomía de la entidad no se garantiza solo por su naturaleza, sino también a través de la trayectoria de la persona que asuma el cargo.
Sin embargo, al someter el punto a votación, la mayoría panista se impuso y se aprobaron únicamente cinco criterios. Ahora, la Comisión de Derechos Humanos tiene hasta el 18 de febrero para entregar la terna de los mejores evaluados a la Secretaría Técnica, para su presentación ante el pleno en la sesión del 27 de febrero, donde se tomará protesta al nuevo titular de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado.
Cuestionada al final de la sesión sobre la posibilidad de que nuevamente un militante de Acción Nacional asuma la Procuraduría, la diputada morenista Plásida Calzada respondió:
“Está más que claro, porque nosotros, desde un inicio, estamos ponderando la imparcialidad y la legalidad, y sobre todo, es una petición de la ciudadanía, no de Morena. Es una solicitud del pueblo guanajuatense. Entonces, sí podría estar sesgado; por algo Acción Nacional no permitió incluir este criterio”, finalizó.
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La Comisión de Derechos Humanos no ha recibido ninguna documentación oficial sobre la supuesta imposibilidad de una aspirante a la titularidad de la Procuraduría de Derechos Humanos, según confirmó la presidenta de dicha comisión, Plásida Calzada.
Se trata de la exconsejera del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato (IEEG), Sandra Liliana Prieto de León, quien, de acuerdo con la Plataforma por la Paz y la Justicia, incurriría en un delito electoral en caso de ser designada. Según la organización, la Ley General de Delitos Electorales le prohíbe postularse para un cargo ante autoridades que ella misma haya dictaminado.
Sin embargo, Sandra Liliana Prieto de León habría enviado un escrito al Poder Legislativo en el que señala que la prohibición no es aplicable a su caso, pues la Procuraduría de Derechos Humanos es un organismo autónomo y no emana de un proceso electoral en el que ella haya participado o calificado. Incluso, advierte que, si el Congreso rechaza su registro, se trataría de una restricción indebida.
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Cuestionada sobre el caso y sobre la posible existencia de otros aspirantes en circunstancias similares, la legisladora Plásida Calzada respondió: “Estamos evaluando todos los perfiles. Ahora que ya tenemos la lista de criterios, estos aplican para todos, no solo para Sandra. La documentación no la tenemos de manera oficial y, mientras no se inicie el trámite formal y nos la turnen, la comisión no puede emitir un posicionamiento ni deliberar”.
Agregó que el caso deberá resolverse, pero que, hasta que la documentación sea turnada a la comisión, no están en condiciones de emitir una opinión.
“La documentación nos la tiene que remitir la Mesa Directiva, pero, en tanto no nos llegue, no podemos siquiera tomarla en consideración”, finalizó.
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