Guanajuato, Gto.- Las fuerzas políticas de la Comisión de Justicia dieron el visto bueno a la iniciativa de reforma al Código Penal estatal a fin de incorporar una pena más severa en el tipo penal de violencia familiar.
La diputada panista Karol Jared González Márquez externó que la propuesta no solo refleja la sensibilidad ante una realidad profundamente dolorosa, sino una congruencia entre el discurso y la acción.
Jared González señaló que la iniciativa refleja una respuesta clara ante una realidad dolorosa que afecta a miles de familias. Sostuvo que la violencia familiar no es un asunto privado ni algo que deba normalizarse, sino un abuso que se manifiesta mediante agresiones físicas, psicológicas, económicas o sexuales, y que impacta principalmente a mujeres, niñas, niños y adultos mayores.
“El Estado tiene la responsabilidad de actuar para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia familiar; no podemos permitir que los agresores sigan reincidiendo ni se beneficien de facilidades legales para seguir dañando a sus víctimas”, aseguró.

Reforma busca evitar reincidencias de violencia familiar en Guanajuato
Insistió que tenían la responsabilidad de actuar y proteger a las familias y castigar con mayor severidad a quienes ejercen la violencia, y que se busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar.
“Queremos enviar un mensaje muy claro a la sociedad de Guanajuato, que no hay tolerancia a la violencia dentro del hogar; además, se busca evitar que los agresores reincidan, impidiendo que vuelvan a beneficiarse de facilidades legales que les permitan seguir dañando a sus víctimas”, enfatizó.
Por su parte, la diputada panista Susana Bermúdez detalló que la iniciativa contempla incrementar las penas de 2 a 9 años de prisión, además de 20 a 90 días multa, así como establecer que la persecución del delito sea oficiosa, con el fin de asegurar la intervención inmediata de las autoridades.

Abundó que se prevén agravantes cuando las víctimas sean niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores o personas con discapacidad, o cuando exista violencia física, con sanciones de 3 a 12 años de prisión y de 30 a 120 días de multa.
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