Guanajuato, Gto.- De manera unánime, el pleno del Congreso aprobó las reformas a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato.

Entre los aspectos relevantes de las reformas se precisa que serán invitados permanentes al Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato las personas titulares de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Secretaría de la Honestidad.

Secretarías de Derechos Humanos y Honestidad se unen al Consejo Estatal de Guanajuato

Cada integrante del Consejo Estatal podrá designar un suplente, quien deberá contar con conocimientos en la materia. Las personas titulares de las dependencias que forman parte del Consejo deberán asistir por lo menos al cincuenta por ciento de las sesiones ordinarias del mismo.

Se subraya que el Consejo Estatal sesionará ordinariamente de manera bimestral y extraordinariamente cuando así lo convoque su presidencia o lo solicite la mayoría de sus integrantes. Ahora el consejo estatal sesionará ordinariamente de manera bimestral y extraordinariamente cuando así lo convoque su presidencia o lo solicite la mayoría de sus integrantes.

También quedó establecido que la presidencia del consejo estatal convocará a las sesiones a las autoridades estatales y municipales que deban dar cumplimiento o colaborar en la ejecución de las acciones y medidas establecidas en la ley, cuya asistencia será obligatoria y tendrán derecho a voz.

Tras reformas, Consejo deberá pronunciarse ante riesgos a la libertad de expresión

Ahora como atribuciones y obligaciones del Consejo está emitir pronunciamientos o exhortos para advertir, señalar y atender situaciones en que existan riesgos para la libertad de expresión, la actividad periodística, así como la integridad y seguridad de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos.

Así también dar seguimiento a las denuncias y querellas presentadas ante el Ministerio Público, a las quejas interpuestas ante los organismos de Derechos Humanos por periodistas y personas defensoras de derechos humanos, cuando sean referentes a daños o agresiones sufridas en el marco o con motivo de su actividad.

Para que se acredite una agresión, los supuestos incluyen que cuando una persona servidora pública utilice recursos públicos o se valga de su posición o atribuciones para causar un daño o amenazar con causarlo a periodistas y/o a personas defensoras de derechos humanos.

Modificaciones a la Ley buscan garantizar seguridad para periodistas y defensores de Derechos Humanos

La diputada priísta Ruth Noemí Tiscareño Agoitia aseguró que se reconoce una verdad dolorosa e ineludible por ser en Guanajuato el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos una actividad de alto riesgo.

Sostuvo que la modificación planteada representa una garantía de acceso a la justicia para quienes por ejercer su labor son atacados o intimidados, junto a ser una respuesta al contexto de violencia y riesgo en el que se resguardan a sus familiares o colaboradores y se protegen derechos colectivos.

La legisladora panista Ana María Esquivel Arrona expuso que en México ejercer el periodismo o la defensa de los derechos humanos es un acto que requiere gran valentía y compromiso.

Explicó que detrás de cada investigación periodística que denuncia o exige justicia, están mujeres y hombres que han hecho de la búsqueda de la verdad su profesión y del mismo modo quienes defienden los derechos representan la fuerza de personas que claman por igualdad y no discriminación.

Abundó que el propósito central la incorporación de la persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la persona titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas al Consejo Estatal de Protección; es que el Consejo emita pronunciamientos o exhortos para atender situaciones de riesgo, además de dar seguimiento efectivo a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público.

De la misma manera, la diputada Plásida Calzada Velázquez presentó que los tratados internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen un catálogo de derechos de libertad los cuales se traducen en permisos para realizar diversas acciones en los que se encuentra el derecho a respetar la expresión de opiniones, así como que los Estados tienen la responsabilidad y el deber para garantizar la protección de toda persona frente a cualquier tipo de amenaza.

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