Guanajuato, Gto.- Se mantiene la disputa sobre la reforma a la Ley de Amparo. Mientras Morena presenta la ley como una forma de luchar contra “amparos mañosamente alargados” para impedir los pagos de grandes deudores fiscales, la oposición sostiene que la reforma “no es propersona, es progobierno” y desplaza al ciudadano.
El miércoles la reforma a la Ley de Amparo fue aprobada por la vía rápida sin pasar por comisiones en el Senado. A solo un mes del envío de la reforma, se aprobó con 81 votos a favor, principalmente de miembros de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde, y 37 en contra.
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La nueva Ley de Amparo ha sido defendida por Claudia Sheinbaum y Morena como una herramienta para ‘apretar’ a los grandes deudores fiscales. Ricardo Monreal, coordinador del partido, mencionó ayer que existen varios empresarios que se resisten a pagar y cuya defensa se ha permitido por “amparos mañosamente alargados”.
“Hay miles de recursos de impugnación, de solicitudes de nulidad interpuestos por grandes despachos de abogados que defienden a empresarios o a gente poderosa… lo más grave es el plazo promedio que transcurre desde la interposición del recurso hasta el amparo y la sentencia firme: ocho años y luego para el cobro otros ocho años. El promedio para hacer pagar estos recursos es de entre 16 y 22 años”.
Acorde con Monreal, en México existen 2 mil 73 créditos fiscales de empresarios sin pagar y 2 mil 66 juicios de nulidad pendientes de resolución con un monto superior a 100 mil millones de pesos solo en 2025.
Por otro lado, Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de México, afirma que la reforma es blanco de una campaña de desinformación de parte de abogados que son “deudores fiscales muy conocidos”, “comentócratas del viejo sistema” y “jueces o magistrados afectados por la reforma judicial”.
El otro lado de la Ley de Amparo: retroactividad y progobierno
Críticos y la oposición sostienen que la reforma a la Ley de Amparo presenta lagunas y que no solo afectará a los deudores fiscales, también las demandas por salud, educación y el medio ambiente. Esto representaría grandes desventajas para colectivos y organizaciones, quienes comúnmente encabezan demandas de ese tipo.
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De parte de la misma bancada de Morena, y de la propia Claudia Sheinbaum, se ha comentado que la reforma es inconstitucional por la redacción de un artículo transitorio sobre la retroactividad que no termina de ser claro. La última modificación detalla que la ley podría aplicarse a juicios en proceso en fases futuras.
La senadora panista María Guadalupe Murguía mencionó el miércoles que la reforma desplaza al ciudadano del juicio de amparo a pesar de sus intentos por agilizar el trámite. La abogada comenta que las modificaciones no son “propersona, es progobierno” y el estado sería el único beneficiado.
Con el propósito de presionar a los deudores fiscales, Morena ha incluido artículos y transitorios que terminan siendo contraproducentes para organizaciones civiles. Aunque algunos han sido eliminados, como donde se eximía la autoridad responsable del acto de cumplir la multa impuesta por el juez, otros decretos mantienen la opinión pública en debate.
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