Guanajuato, Guanajuato.- Dos reformas a la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derehos Humnos y Periodistas del Estado de Guanajuato fueron aprobadas en la comisión de Derechos Humanos, en donde se define a las personas defensoras de derechos humanos.
Con estas modificaciones se define que las personas defensoras de derechos humanos que son las personas físicas que actúen individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales, cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos. Así como toda persona, grupo o colectivo involucrado en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas.
La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco señaló que pese a la labor que se manifestó en el dictamen, aún falta trabajo por hacer en la materia de las personas defensoras de derechos ambientales, además de proponer que se incluya en el dictamen, en la parte de consideraciones, la premisa de la Comisión Interamericana sobre los derechos humanos para destacar el liderazgo de las mujeres en la búsqueda y defensa de los derechos humanos ante situaciones de desaparición forzada e involuntaria de personas, debido a que esa es una acción que contribuye a atender la alerta de género en el estado. La propuesta fue aprobada.
Por su parte, la congresista María Esquivel Arrona indicó que el dictamen tiene impresiones técnicas y de alcance jurídico debido a que algunas de las definiciones planteadas, como es el caso de la parte que define a las personas buscadoras, lo que hace ver una sobrerregulación de la norma y que el derecho que ya está reconocido en la ley debe ser eleva a rango constitucional no como se propone.
El diputado José Salvador Tovar Vargas abundó que el derecho que se quiere reconocer ya está reconocido en la normativa local, puesto que en Guanajuato se tiene el compromiso de enfrentar la situación de la problemática de búsqueda y de las personas defensoras de derechos humanos con acciones contundentes por lo que la reforma que presentó la gobernadora que eleva a un rango constitucional estos aspectos se atiende el problema de manera más integral.
El legislador Jesús Hernández Hernández, comentó que es importante que incluir a las personas buscadoras en la Constitución local lleva a una concepción que de forma amplia garantiza sus derechos por establecer parámetros universales que permite atender sus necesidades; dijo que la propuesta de la Gobernadora le da atención a todas las voces de las personas buscadoras con un impacto más significativo.
El legislador David Martínez Mendizábal expresó que el argumento de la sobrerregulación es esgrimido por el grupo mayoritario del Congreso toda vez que se ha querido puntualizar elementos positivos y que tienen que explicitarse en cualquier ley, además de indicar que nunca se ha escuchado una controversia de la sobrerregulación por no tener efectos negativos y subrayar el interés por proteger lo que las buscadoras han repetido desde legislaturas anteriores.
Buscan ampliar la definición persona defensora de derechos humanos
La congresista Plásida Calzada Velázquez aportó que el dictamen busca ampliar la definición de lo que se entiende por persona defensora de derechos humanos para incluir a las personas que realizan acciones de búsqueda, mismo que recoge una de las necesidades de los colectivos de búsqueda quienes han puesto sobre la mesa dicha necesidad y con ello se les facilite el acceso a los mecanismos de protección establecidos y se atiende el exhorto que la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo en la materia a las autoridades del país.
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Asimismo se radicó la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato que busca fortalecer el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, con la finalidad de ampliar sus atribuciones para emitir pronunciamientos o exhortos y brindar seguimientos a las denuncias o querellas presentadas ante el Ministerio Público, así como a las quejas interpuestas ante los organismos de derechos humanos por las personas periodistas y defensoras de derechos humanos.
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