Guanajuato, Guanajuato.- Integrantes de la organización internacional Artículo 19, la articulación nacional Espacio OSC, la periodista e investigadora Yajaira Gasca, el analista Jorge Carrasco Araizaga y la madre buscadora Marta Silva pusieron en marcha este viernes en Guanajuato la campaña “Proteger la Dignidad”, un proyecto enfocado en articular herramientas de autoprotección y exigir un alto a la violencia institucional y letal contra periodistas y activistas en la entidad.
Durante la exposición, Rubén Darío Silva, representante de Artículo 19, presentó la numeralia de agresiones en el estado, donde documentó el asesinato de 13 personas buscadoras desde 2018 —ocho mujeres y cinco hombres—, así como de seis comunicadores entre 2015 y 2025. Alertó, además, sobre la tergiversación de instrumentos legales, como los procedimientos sancionadores por supuesta violencia política de género, utilizados por entes públicos como mecanismos de desgaste judicial y censura hacia medios y agrupaciones civiles.
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Al desglosar la operación de las instituciones locales, la periodista Yajaira Gasca reveló que, entre 2019 y 2025, el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato acumuló un subejercicio de poco más de 7 millones de pesos que estaban formalmente etiquetados para apoyos sociales a víctimas y no se ejercieron. Precisó que, en siete años, el organismo apenas otorgó medidas a 207 personas beneficiarias —un promedio de 29.5 anuales—, destinó recursos para un Atlas de Riesgo cuya metodología permanece opaca y confirmó que, en una reunión reciente con la Fiscalía General del Estado, se constató que las investigaciones por crímenes contra la prensa se encuentran congeladas y archivadas.
Por su parte, Olivia, ponente de Artículo 19, denunció que el Consejo Estatal omite entregar los planes de protección a las propias personas incorporadas, dejándolas en incertidumbre sobre las medidas asignadas. Al mismo tiempo, remarcó que los botones de enlace o patrullajes aislados resultan ineficaces para las brigadas de madres buscadoras en campo, quienes requieren protocolos colectivos con enfoque psicosocial.
En su turno, Marta Silva, quien busca a su hija desaparecida en 2021, informó que el pasado 10 de septiembre se emitió una sentencia de 156 años de prisión contra el responsable del crimen, un precedente judicial que planteó como modelo ministerial para esclarecer los demás casos mediante la protección de testigos presenciales. Asimismo, evidenció la prepotencia de peritos que revictimizan a las familias y acusó que las autoridades ocultan sistemáticamente los hallazgos forenses.
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Finalmente, Jorge Carrasco Araizaga advirtió que la mayor fuente de desprestigio y estigmatización contra defensores y comunicadores proviene de la propia narrativa del Estado, que permea hasta las administraciones municipales. Ante ello, los ponentes convocaron a la sociedad a respaldar el decálogo de 10 recomendaciones impulsado junto con la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato para reestructurar de fondo el mecanismo de protección en la entidad.
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