La iniciativa fue respaldada tras dos semanas de consultas con distintos sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, celebró el consenso alcanzado y expresó su deseo de que este acuerdo marque “un nuevo tiempo político” para el país.
El texto, que incorpora varias precisiones jurídicas planteadas por diputados opositores para ampliar su alcance, excluye de manera expresa a militares señalados por delitos de rebelión. Según cifras de organizaciones defensoras de derechos humanos, de los aproximadamente 600 presos políticos que permanecen detenidos, al menos 174 son efectivos castrenses.
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Tras su aprobación, la ley fue remitida al Palacio de Miraflores para su promulgación por parte de Delcy Rodríguez y su posterior publicación en Gaceta Oficial. Además, se designó una comisión parlamentaria integrada por 23 diputados que supervisará su implementación y revisará posibles exclusiones.
Alcance temporal y exclusiones
La amnistía abarca 13 episodios de conflictividad política y social ocurridos entre 1999 y 2026, ampliando el rango inicialmente previsto. Entre ellos figura el período 2016-2021, cuando el Parlamento estuvo bajo control opositor y el chavismo bloqueó su funcionamiento, así como los hechos vinculados a las primarias opositoras de 2023 y a las protestas tras las elecciones de julio de 2024.
Sin embargo, quienes hayan sido procesados por rebeliones militares quedan fuera del beneficio. Tampoco se contempla de forma explícita la amnistía para los llamados “delitos de odio”, figura legal utilizada en casos como publicaciones críticas en redes sociales. Organizaciones no gubernamentales y familiares de detenidos habían solicitado la derogación de esta normativa, pero la petición no prosperó. Jorge Rodríguez sostuvo que dicha ley es “útil”, aunque admitió que requiere reformas.
Debate y ajustes de última hora
El trámite legislativo estuvo marcado por desacuerdos, especialmente en torno al artículo 7, que define el procedimiento para acceder a la medida. El oficialismo defendía que los beneficiarios debían presentarse ante los tribunales, condición que no figuraba en el borrador original y que generó inquietud entre ONG.
Finalmente, se introdujo una modificación que permite a quienes se encuentren fuera del país actuar mediante un abogado de confianza y establece que ninguna persona podrá ser detenida tras solicitar la amnistía.
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“No es una ley perfecta, pero buscamos que cese la persecución política”, afirmó la diputada opositora Nora Bracho.
Entre los cambios incorporados se encuentra la posibilidad de que los amnistiados se reincorporen a la vida pública, lo que podría restituir derechos políticos a opositores perseguidos o exiliados. También se fijó un plazo máximo de 15 días para que los tribunales revisen y otorguen las medidas correspondientes.
Contexto y presión social
La aprobación ocurre en medio de vigilias y protestas de familiares frente a distintos centros de detención del país. En las últimas semanas han sido excarceladas 444 personas, pero aún quedarían al menos 600 presos por motivos políticos.
La Ley de Amnistía fue anunciada el 29 de enero por Delcy Rodríguez, en un contexto de excarcelaciones parciales. Aunque el oficialismo cuenta con mayoría suficiente para aprobar leyes sin apoyo externo, buscó un respaldo unánime como señal política. Se trata de la segunda norma aprobada con acompañamiento de un sector opositor moderado.
Defensores de derechos humanos advierten que la amnistía representa un paso relevante, pero no definitivo. Para organizaciones como Foro Penal, la medida constituye una vía jurídica para alcanzar la libertad, aunque insisten en que la garantía plena dependerá del desmontaje de los mecanismos de represión y de la implementación de garantías de no repetición.