1.- ASEG da razón a gobernadora: detectan irregularidades en Fidesseg
La revisión de la cuenta pública del Poder Ejecutivo en 2023, realizada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), revela la punta del iceberg del desorden en el que operaba el Fidesseg, cuya extinción ha generado un conflicto sin precedentes entre algunos representantes del sector empresarial y el gobierno del estado.
La muestra analizada por la ASEG y los hallazgos encontrados parecen darle la razón a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo sobre las irregularidades en la erogación de recursos para proyectos sociales y de seguridad, asignados a las asociaciones satélite Actuando por Guanajuato, A.C. y FE Guanajuato, A.C.
Algunas inconsistencias podrían encuadrarse en un simple desorden documental, como la observación en la que se señala que no se acreditó la existencia de diversos requisitos para la autorización y comprobación de dos proyectos en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública. No se entregaron estados de cuenta ni comprobantes fiscales. Ambos casos involucran a las asociaciones Actuando por Guanajuato, A.C. y FE Guanajuato, A.C., por un monto superior a los 26 millones de pesos.
Sin embargo, hay otras irregularidades que generan sospechas sobre el uso y comprobación de los recursos. En la Recomendación 004, se solicita al Comité Técnico del Fidesseg que emita normativas que regulen la obligatoriedad de actualizar los formatos de solicitud de apoyo. Se detectó que, al final del proceso, hubo modificaciones tanto en los calendarios de proyectos como en los montos iniciales. Por ejemplo, en algunos casos, se solicitaron 2,072,413.92 pesos, pero finalmente se entregaron 1,792,413.92 pesos a las organizaciones. Hay variaciones aún más significativas, como la solicitud de apoyo de una asociación por 1,228,334.28 pesos, que terminó recibiendo solo 734,900 pesos. Estas diferencias son constantes en la mayoría de los proyectos revisados, con reducciones de entre el 10% y el 15% del monto inicial solicitado, aunque en algunos casos son aún mayores. A pesar de ello, el Comité Técnico del Fidesseg se limitó a tomar conocimiento de la situación, sin informar sobre ninguna modificación que garantizara un mayor control.
La ASEG encontró diversas inconsistencias adicionales que no hacen más que aumentar las dudas sobre la transparencia en la entrega de los recursos públicos. Se detectaron pagos por finiquitos, por asesoría financiera, fiscal y contable, así como erogaciones por circuitos de videovigilancia cuyo costo duplicaba la cotización del proveedor.
En otros casos, como se había adelantado en esta columna, no hay evidencia de que las capacitaciones financiadas realmente se hayan llevado a cabo. Un ejemplo concreto es el de la asociación Actuando por Guanajuato, A.C., que entregó evidencia fotográfica y un padrón de beneficiarios, pero no presentó otros documentos clave, como listas de asistencia firmadas o diplomas expedidos a los participantes.
Este primer acercamiento a la operación del Fidesseg ya deja al descubierto graves irregularidades, que podrían quedar completamente expuestas una vez que se concluya la auditoría integral ordenada por el Congreso del Estado. Por lo pronto, la muestra analizada por la ASEG respalda los argumentos de la gobernadora para modificar el esquema y que reduce el control del sector empresarial sobre los recursos públicos.
2.- Brota denuncia de acoso en oficina de representación en CDMX
Este podría ser el primer caso que demuestre si el nuevo gobierno estatal está realmente comprometido con combatir y erradicar la violencia de género, ya que los señalamientos provienen desde el interior.
Dentro de la estructura de la Oficina de Representación del Gobierno del Estado de Guanajuato en la Ciudad de México, hay inconformidad contra Juan Carlos Altamirano Gutiérrez, a quien se le acusa de presunto acoso sexual y hostigamiento laboral. No se trata de señalamientos menores, por lo que debe derivar en una investigación exhaustiva sobre su actuación y, de manera pública, esclarecer si las acusaciones tienen fundamento.
Las denuncias contra Altamirano Gutiérrez generaron incluso la expectativa de cambios en el personal, los cuales finalmente no ocurrieron. Sin embargo, sería importante saber si la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ya está al tanto de lo sucedido.
Quien sí tiene conocimiento del caso es Itzel Balderas Hernández, directora general del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. Para esta columna, se le solicitó su postura.
“En el IMUG brindamos terapia psicológica, asesoría legal y acompañamiento a todas las mujeres cuando así nos lo solicitan. Sin embargo, todos los casos que llegan al Instituto son tratados bajo un acuerdo de confidencialidad. Lo anterior en atención a los artículos 3 fracción I, VII y VIII y 97 fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. Además las usuarias firman un consentimiento informado que contiene un aviso de privacidad, que nos imposibilita a compartir información sobre casos específicos. Evitamos en todo momento revictimizar a las usuarias y garantizar su derecho a la privacidad”, informó.
3.- Presidenta de Villagrán con camino pavimentado para ser magistrada
La presidenta municipal de Villagrán, Cinthia Teniente Mendoza, anunció que no solicitará licencia para la campaña en su búsqueda por convertirse en magistrada del Poder Judicial de la Federación. Fue una de las pocas afortunadas en aparecer en las boletas para la primera elección judicial en México, a pesar de no contar con una amplia carrera en el ámbito judicial.
Si sus conexiones políticas con Morena ya le otorgaban una ventaja en este cuestionado proceso, mantenerse en el cargo la posiciona aún más para acceder al Poder Judicial Federal. La ley no se lo impide; de hecho, esta es una de las tantas lagunas que contiene la reforma judicial impulsada desde la entraña por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Si bien no recibirá recursos públicos y ella asegura que en caso de que haga campaña, lo hará en tiempos que no comprometan su trabajo al frente de la administración municipal, su propia figura como cabeza del gobierno ya la coloca lejos de su contendiente, la jueza Fabiola Zarco Camarillo, quien sí cuenta con una notable experiencia en la impartición de justicia dentro del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
Por cierto, este martes sesionaron varios consejos distritales del INE, y una constante fue el desistimiento de ciudadanos para participar como supervisores electorales y capacitadores. Aunque no se prevén complicaciones para cubrir el personal necesario, sí resulta evidente el desinterés por la elección judicial. Será este viernes cuando sesione el Consejo Local y se tenga un panorama más claro sobre las dificultades que enfrenta la autoridad electoral para llevar a cabo este proceso.
Contra Retrato
Luz Margarita Alba Contreras
En otra de las novelas que acostumbra el Ayuntamiento de León, el consejo del Parque Metropolitano eligió a la nueva directora del parque más importante de la ciudad zapatera.
Previamente, su esposo y regidor panista, Hildeberto Moreno Faba, renunció al Consejo del Parque Metropolitano, para evitar acusaciones de conflicto de interés. Sin embargo, su salida dejó en claro que la decisión ya estaba tomada y que la terna enviada fue una mera formalidad.
Semanas atrás, en el noticiero matutino de Noticieros en Línea, la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos confirmó que Alba Contreras estaría en la terna, despejando así cualquier duda sobre quién sería la elegida.
Luz Margarita Alba Contreras es licenciada en Ciencias de la Comunicación y cuenta con una maestría en Política y Gestión Pública. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública, principalmente en áreas de comunicación social. Fue suplente del diputado José Guadalupe Vera Hernández, quien, a su vez, fue regidor en el primer trienio de Gutiérrez Campos y formaba parte del Consejo del Parque Metropolitano. No existe antecedente que demuestre su experiencia para el cargo que ahora ocupará.
Parece que la constante y férrea defensa que el regidor Hildeberto Moreno Faba hace de la presidenta municipal finalmente rindió frutos en beneficio de su familia. Habrá que ver si esta práctica de acomodar matrimonios panistas dentro de la administración se vuelve una costumbre, si no es que ya lo es.
Otro caso es el de la regidora panista Luz Karen Irazú Anguiano Gutiérrez, cuyo esposo, Rafael Esteban Guízar Torres, ocupa el cargo de director de Promoción y Gestión de Crédito y Subsidio en el IMUVI, con un salario superior a los 50 mil pesos brutos. Más de 100 mil pesos al mes en conjunto.
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