1.- ASEG: el primer rose por “exceso de poder”
La convocatoria para recibir las postulaciones para la titularidad de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) está a punto de cerrar, luego de un periodo exprés de siete días para que se animara cualquier ciudadano con perfil. Pero como usted es de suponerse y tal cual lo adelantamos aquí, no hay una sola señal que indique que la decisión se vaya fuera de la estructura de gobierno.
Ahora sale a relucir el nombre de Ángel Isidro Macías Barrón, actual titular del órgano interno de control del Congreso de Guanajuato, cargo con el que parece lógica su eventual designación, pero en el que apenas suma tres años de antigüedad, luego de un paso de dos años como coordinador administrativo del Poder Judicial en León y nada más que 16 años en el gobierno estatal.
Macías Barrón adquirió un protagonismo particular durante el gobierno de Miguel Márquez Márquez cuando fue subsecretario de finanzas. Al ser el artífice de las licitaciones más controversiales del sexenio, por su cuantía y objeto público; nada más apúntele la discutida adjudicación de los contratos de distribución de medicinas que implicaron más de 4 mil millones de pesos.
Ahora bien, el nombre de Ángel Isidro no es casual. Surge en medio de las presiones que el grupo del Jefe de Gabinete, Juan Carlos Alcántara, comenzó a ejercer desde la adelantada renuncia de Javier Pérez Salazar. De ahí se desprendió su nombre, aunque más ruido iba a surgir para complicar las cosas.
El hecho de que otro allegado de Alcántara sea la cabeza de la máxima entidad auditora de Guanajuato, representa demasiada acumulación de poder con Aldo Márquez Becerra nuevamente como diputado local y, además, en caso de que se concrete, la dirigencia estatal del PAN. Algo que, al parecer, ya incomodó incluso a la virtual gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.
De hecho, en el camino se tuvieron ya intercambios nada tersos con el dúo que acompaña a ‘Charly’ Alcántara en la jefatura de gabinete. Se trata de su coordinador jurídico Plinio Martínez Tafoya, y su coordinador de política públicas, Enrique Ayala Negrete. Según trascendió, estos de plano se habrían movido por su lado para promover al primero, en un movimiento completamente insensato.
Martínez Tafoya, además de no llenar el perfil, tiene el antecedente fresco de haber litigado el pago de supuestas horas laborales caídas al mismo Congreso Local, luego de un estudio sobre el impacto de las reformas judiciales. Todo entre 2018, cuando terminó su encargo de titular del Instituto de Investigaciones Legislativas, y 2021, año en el que se incorporó oficialmente a las órdenes de ‘Charly’.
Ante la presencia de ambos, la intervención de Libia Dennise fue necesaria para establecer una mesa mínima de diálogo de la que habría surgido el nombre de Ángel Isidro, quien da el perfil sin ningún problema, pero además representa a ese sector de la burocracia que ha sabido ser fiel al sistema.
En fin, tejes y manejes que no deben ser normalizados cuando se trata de una convocatoria y un proceso abierto. Toda una mera simulación. Una pena.
2.- Plan 2050: no sólo el panismo debe oxigenarse
Así es, no sólo el PAN y el gobierno deben oxigenarse. También todo el ecosistema de líderes empresariales, políticos “independientes”, organizaciones, académicos, consultores, que se han ido desarrollando y empoderando a lo largo de los gobiernos del PAN, sólo con una tarea fundamental: convalidar y legitimar el camino trazado por los blanquiazules en Guanajuato.
El tema es sacado a relucir por Correo con un caso fundamental para entender esta circunstancia. El grupo de trabajo que se conformó exprofeso para Plan Estatal de Desarrollo GTO 2050, presenta caras conocidas por ser funcionarios de gobierno, líderes empresariales y de gremios con conocida colaboración en el gobierno, así como una composición de 26 hombres y apenas seis de mujeres.
De entrada, está la simulación. El grupo que acompañó el diseño del Plan GTO 2050 está conformado por una aplastante mayoría de hombres. Sólo el 18 por ciento de las mujeres se integraron al grupo, cuando uno de los señalamientos concretos del estudio es el crecimiento de la brecha entre la población de mujeres y la de hombres.
Aparte de ciudadano tiene muy poco, pues 13 de 32 son funcionarios del gabinete de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Los 19 restantes, bien pueden sostener que tienen un papel ciudadano, pero no se puede soslayar su cercanía y simpatía con la era panista que ya suma más de tres décadas, como Jorge Videgaray Verdad, Agustín Robles Montenegro, Eduardo Arena Barroso o Roberto Plascencia Torres.
El Plan 2050, tal y como los trabajos que le antecedieron, representa el camino trazado por los gobiernos del PAN. Tal cual, el eje rector de los proyectos y políticas públicas a aplicar en los próximos 25 años. Por ello, sin duda alguna debe ser uno de los focos rojos de un gobierno como el de Libia Dennise García Muñoz Ledo, que ofreció un nuevo comienzo y equidad en los espacios de decisión.
3.- Caso Lupita Barajas: el Poder Judicial en la mira
El 29 de febrero de 2020, la maestra de educación básica Guadalupe Barajas Piña, fue reportada como desaparecida. A partir de ese momento comenzó una historia que sintetizó las verdaderas tragedias que sufren las familias víctimas de la violencia y la impunidad en Guanajuato, convirtiéndose en emblema de una lucha que nunca imaginaron encabezar.
Es por eso que mañana el Poder Judicial de Guanajuato no procesa un caso cualquiera. Se espera que el Juzgado de Oralidad Penal con sede en Acámbaro dicte sentencia contra cuatro probables responsables de la desaparición en Salvatierra de la docente de profesión, cuyo cuerpo fue encontrado en un predio del Barrio de San Juan; era uno de los 80 cuerpos inhumados clandestinamente en el sitio.
Hablamos de la fosa clandestina más grande encontrada hasta la fecha en Guanajuato, la cual presentó 65 excavaciones. A la fecha, se han identificado 65 cuerpos de ese hallazgo, pero en el transcurso, el 29 de mayo de 2021, Francisco Javier, hermano de Lupita, fue asesinado por personas vinculadas a la desaparición de su hermana, lo que causó la consternación nacional e internacional.
De manera que la sentencia de mañana sería histórica. Aunque el propio Poder Judicial reporta 102 sentencias de 2017 a 2023, 28 fueron absolutorias, 18 en proceso abreviado, una bajo proceso especial y solo 55 con condenatoria bajo proceso oral, cuyo origen está fuera del esquema antes descrito y que tanto ha lastimado a Guanajuato, que ya suma más de 4 mil 200 personas desaparecidas.
Por lo pronto, organizaciones civiles y colectivos, han comenzado a exigir justicia al Poder Judicial, pues una condena al peso de los hechos, crearía un precedente no sólo para Guanajuato sino para todo México, pues el último dato otorgado por el Estado mexicano fue de 11 sentencias condenatorias con estas características de enero de 2010 a noviembre de 2021 a nivel federal, y 36 en todo el país.
CONTRA RETRATO
Teresa Palomino Ramos
Aunque la ley le obliga a estudiar y diagnosticar el fenómeno de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, ella decidió enfocar sus esfuerzos a los procesos de resguardo y adopción de los infantes, temas en las que ha ofrecido avances numéricos importantes, pero que ahora han sido puestos en entredicho con la muerte de una niña 7 años que era resguardada en una casa de asistencia de León.
La titular de la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (Pepnna), Teresa Palomino Ramos, tendría que ser la primera voz que dé claridad al caso, pero no fue así. Una escueta ficha informativa en la que apeló al deslinde del caso, sólo exhibió que la niña se encontraba bajo resguardo de la Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Celaya.
Es fecha que no se sabe qué hacía la niña en León, si estaba a cargo del municipio de Celaya. Lo que es notorio es la falta de seguimiento al caso, aun cuando estaba en conocimiento del Pepnna. Además, estaba en la “Residencia el Santo Rosario” que se autodenomina casa de asistencia dedicada al cuidado de grupos vulnerables, desde las infancias sin hogar hasta personas con discapacidades diferentes.
La versión que se conoce hasta el momento, es que un joven de 20 años, que padece de sus facultades mentales, habría sido quien provocó la muerte de la menor de 7 años y lesiones una mujer adulta que estaba con ellos. El propio Pepnna se dijo sin atribuciones para regular o supervisar el funcionamiento del lugar, por lo que tampoco se ha informado la razón por la cual la menor se encontraba en ese lugar.
Por su parte, el secretario del Ayuntamiento de León, Mario Enríquez Carrillo, sentenció que es responsabilidad del Pepnna revisar las condiciones en las que operan los centros de asistencia con los que colabora. Una declaración que termina por enfocar su mirada en el Pepnna de Teresa Palomino, ahora cuestionada en el que se suponía era el tema emblema de su gestión.