A través de un comunicado difundido este miércoles 4 de noviembre de 2026, el organismo fiscalizador informó que realizará un estudio histórico de las adquisiciones efectuadas entre 2000 y 2025, además de investigaciones de oficio y auditorías sobre el ejercicio de recursos públicos destinados a las instituciones electorales.
La revisión buscará detectar patrones de contratación, concentración de contratos en determinados proveedores y posibles prácticas ilegales relacionadas con empresas privadas y servidores públicos.
El anuncio ocurre después de que la ASF identificara operaciones de dos grupos empresariales que acumularon contratos por 8 mil 870 millones de pesos entre 2014 y 2026 con distintas dependencias y organismos públicos, incluidos el INE y autoridades electorales estatales.
Ante los señalamientos, el Instituto Nacional Electoral manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones y aseguró que cualquier posible irregularidad deberá esclarecerse mediante procedimientos sustentados en pruebas y con respeto al debido proceso.
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ASF revisará contratos del INE, IFE y OPLES desde el año 2000
La Auditoría Superior de la Federación explicó que pondrá en marcha una estrategia de fiscalización para analizar las contrataciones públicas realizadas por los organismos electorales durante un periodo de 25 años.
De acuerdo con el comunicado, los trabajos estarán organizados en tres líneas de investigación:
- Investigación de oficio: revisión de las contrataciones públicas efectuadas por el INE, el antiguo IFE y los organismos electorales locales.
- Estudio histórico de adquisiciones: análisis de los contratos celebrados entre 2000 y 2025 para identificar posibles patrones de irregularidades.
- Auditoría integral: fiscalización del INE y de la totalidad del gasto federalizado ejercido por los OPLES.
La institución señaló que este procedimiento permitirá examinar cómo se distribuyeron los contratos públicos, qué empresas concentraron las adjudicaciones y si existieron vínculos entre proveedores que pudieran haber afectado la competencia.
También se buscará determinar si servidores públicos participaron en procedimientos contrarios a la normativa aplicable.
El análisis comprenderá distintas administraciones de las autoridades electorales, por lo que no se limitará a la gestión de una presidencia específica.
¿Qué irregularidades investiga la ASF en los contratos electorales?
Uno de los principales objetivos de la investigación será identificar posibles esquemas de contratación que hayan favorecido a determinados grupos empresariales.
Según la ASF, los trabajos de inteligencia y el análisis de información solicitada a las entidades federativas han permitido detectar indicios de anomalías históricas relacionadas con el gasto electoral.
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Entre las prácticas que serán examinadas se encuentran la posible simulación de competencia en licitaciones, la subcontratación entre empresas relacionadas y el presunto uso de compañías fachada.
Estas operaciones podrían haber permitido que determinados proveedores obtuvieran contratos públicos sin cumplir plenamente con las condiciones de competencia o capacidad operativa.
La ASF también investigará si existieron mecanismos para concentrar recursos en empresas vinculadas entre sí, así como posibles irregularidades en la prestación de servicios contratados.
No obstante, la identificación de operaciones sospechosas no implica automáticamente que se haya comprobado la comisión de delitos.
Las investigaciones deberán determinar si las contrataciones vulneraron disposiciones administrativas o legales y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.
ASF detecta contratos por 8 mil 870 millones de pesos con grupos empresariales
Las nuevas acciones de fiscalización se suman a las investigaciones que la ASF había anunciado previamente sobre las operaciones de dos grupos empresariales con diversas instituciones públicas.
El auditor superior, Aureliano Hernández, informó que ambos grupos acumularon contratos por un monto aproximado de 8 mil 870 millones de pesos entre 2014 y 2026.
De acuerdo con los datos presentados, una parte importante de esos recursos estuvo relacionada con organismos electorales.
La distribución de los contratos identificados incluye:
- 8 mil 870 millones de pesos: monto total contratado por los dos grupos empresariales con distintas instituciones públicas.
- 3 mil 790 millones de pesos: contratos vinculados con organismos públicos electorales locales.
- 430 millones de pesos: contratos relacionados con el Instituto Nacional Electoral.
En conjunto, los contratos identificados con el INE y los organismos electorales locales ascienden a aproximadamente 4 mil 220 millones de pesos.
La ASF busca establecer si estas adjudicaciones se realizaron conforme a la normativa y si los proveedores contaban con la capacidad necesaria para cumplir con los servicios contratados.
Los montos mencionados corresponden al valor de los contratos bajo revisión y no deben interpretarse como cantidades de recursos desviados o daños patrimoniales comprobados.