De acuerdo con Antonio Lancaster, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, el conflicto se intentó resolver inicialmente por la vía política antes de escalar a denuncias formales.
Según el empresario, el principal operador del esquema habría sido Francisco Javier “N”, entonces director de Padrón y Licencias del Ayuntamiento, quien presuntamente coordinaba inspecciones y sanciones contra fábricas y negocios locales.
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Aumentos y multas, el mecanismo de presión
Los empresarios aseguran que, tras asumir el cargo, Diego “N” autorizó incrementos al impuesto predial de hasta 20 veces su valor habitual. En algunos casos, los montos superaban lo pagado en años anteriores, lo que provocó la negativa de varios propietarios a cubrir el cobro.
Además, el municipio realizaba revisiones constantes a plantas industriales. Cualquier irregularidad menor derivaba en multas que podían alcanzar los 600 mil pesos. Posteriormente, un despacho privado ofrecía “gestionar soluciones”. De no aceptar, los inmuebles eran clausurados.
“Te subían el predial de un día para otro o te multaban por detalles mínimos, y luego te enviaban intermediarios. Así operaban”, relató Lancaster en entrevista con Azucena Uresti.
Respaldo estatal y denuncias
Ante lo que calificaron como “extorsiones disfrazadas de legalidad”, los afectados sostuvieron reuniones con el gobernador Pablo Lemus y el secretario general de Gobierno Salvador Zamora, quienes respaldaron la presentación de denuncias entre octubre y noviembre de 2025.
Lancaster aseguró que, en enero de 2026, Diego “N” buscó negociar con los denunciantes para retirar los cargos a cambio de reducir adeudos fiscales, propuesta que fue rechazada. Poco después, se concretó su detención.
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Nueva administración genera dudas
Tras la salida del exalcalde, asumió la presidencia municipal interina Lorena Rodríguez, quien, según empresarios, dio señales positivas al retirar sellos de clausura y promover la regularización de predios.
No obstante, persisten inquietudes por su cercanía con funcionarios previamente detenidos. Tanto el gobernador Lemus como la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez señalaron que se mantendrá vigilancia sobre la situación del municipio.
Los industriales afirman que continuarán colaborando con las autoridades para evitar que prácticas similares vuelvan a repetirse.