León, Gto.- El secretario de Gobierno Jorge Jiménez Lona, reconoció que hay dificultades por parte de los municipios y las autoridades estatales para trabajar en la regularización de los centros de rehabilitación que operan sin permisos, en los que incluso ha habido casos de que funcionan como fachada para cubrir otro tipo de delitos.
La facilidad para abrir y cerrar un centro, mudándose de inmediato en cuanto detectan que podrían ser clausurados o inspeccionados, ha sido el principal obstáculo para lograr que los también llamados anexos trabajen de forma legal, recordando el caso de un anexo detectado el año pasado en una base militar abandonada en el municipio de León, donde tras hacerles la inspección y determinar que el inmueble presentaba riesgos de derrumbe y les ofrecieron la posibilidad de regularizarse buscando un nuevo domicilio, éstos desaparecieron del radar.
“Hemos visto que cuando requieres la visita o vas a clausurar ya se cambiaron a otra casa, es una manera de operar muy fácil para estos clandestinos, el poderse mover de manera muy inmediata (…) Algunos generan pantallas que funcionan como anexos pero son todo lo contrario, pueden ser espacios donde incluso hemos encontrado mercancía robada. Entonces es un tema de supervisión que requerimos hacer desde los municipios, y con el estado y la federación. Tenemos un avance con el listado que hicimos tanto Secretaría de Seguridad y Secretaría de Gobierno, pero hay una movilidad muy grande y en los municipios ni siquiera saben dónde hay anexos”, expresó Jiménez Lona.
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En el caso del centro “Los Marginados” del municipio de San Felipe donde ocurrió un ataque armado que tuvo un saldo de 4 internos asesinados, trascendió que éste no contaba con sus permisos de Desarrollo Urbano ni de Salud para ofrecer sus servicios.
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