1.- Baja de homicidios en Guanajuato y la seguridad que no se siente
La reducción de homicidios en Guanajuato se sostiene. De acuerdo con cifras preliminares, octubre cerró con 145 asesinatos, la cifra mensual más baja en ocho años. Sin embargo, ese dato alentador no se traduce en una sensación real de seguridad. La violencia letal cede, pero el miedo no.
Quizá por ello, tanto el Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Programa Fénix) como el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2025–2030 colocan entre sus objetivos centrales la disminución de la percepción de inseguridad, a través de intervenciones en los entornos más próximos de los ciudadanos. La Secretaría de Seguridad y Paz parece haber entendido que no basta con reducir indicadores: el reto está en cambiar la forma en que los ciudadanos viven o dejaron de hacerlo a causa de la violencia.
El Programa Fénix plantea metas ambiciosas. Para 2030, se busca que el 56.4% de los guanajuatenses se sientan seguros en sus colonias o localidades. Hoy, según la ENVIPE 2024, apenas el 12.5% lo percibe así, pues el 87.5% de la población se siente insegura. La meta equivale a cuadriplicar la confianza social en seis años, algo difícil de alcanzar si la violencia cotidiana y la desconfianza institucional persisten.
Otra meta apunta a reducir a 66.1% el número de personas que consideran la inseguridad como el principal problema del estado. Actualmente, ese porcentaje es de 68.2%, lo que en la práctica representa un ajuste mínimo, pero es realista al ser esta la preocupación predominante por más de una década, superando por mucho a temas como la inflación o la escasez de agua, que hoy ocupa el segundo lugar.
Los diagnósticos de ambos programas exponen que la desconfianza en las autoridades, la impunidad y la normalización de la violencia siguen alimentando la percepción negativa. Además, la consulta ciudadana reveló que se identifican el consumo de drogas como el factor principal que detona actos delictivos, pero también destaca la narcocultura como otro de los factores que influyen, un síntoma de deterioro social más profundo.
Para el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, el desafío no es solo mantener a la baja los homicidios, sino traducir los resultados en una mejora perceptible para la ciudadanía. Y esa tarea será cuesta arriba si en la ecuación para reducir la violencia no está la extorsión, que asola a zonas comerciales enteras, y las desapariciones, cuyos registros son cada vez más difusos. Son heridas abiertas, que no dejan avanzar las celebraciones estadísticas mensuales por la baja de homicidios.
2.- Acciones afirmativas: entre el compromiso y la simulación
Si medimos la efectividad de las acciones afirmativas en el Congreso del Estado solo por el número de iniciativas presentadas en favor de los grupos o comunidades que representan, hay quienes han mostrado un trabajo consistente dentro y fuera del legislativo y otros casos en los que de plano quedó en lo simbólico.
Entre las destacas está la diputada de Morena, Plásida Calzada Velázquez, quien llegó como acción afirmativa para representar a los pueblos indígenas. Es la legisladora más activa de quienes llegaron por este mecanismo, con 12 iniciativas relacionadas con derechos y desarrollo de comunidades indígenas, además de ser la primera mujer indígena en presidir el Congreso del Estado. También es activa fuera del Congreso y, por cierto, no es de las que gaste mucho, como otros legisladores de su partido.
Otro ejemplo es el de la también morenista Eugenia García Oliveros, quien ha impulsado diversas propuestas en favor de la comunidad de la diversidad sexual, aunque varias se han quedado estancadas en comisiones. Pero se observa coherencia con la representación que asumió.
Hay casos donde la falta de preparación política ha pesado. El panista Jesús Hernández Hernández, que llegó por acción afirmativa en favor de personas con discapacidad, apenas suma dos iniciativas sobre el tema. Su desatino fue evidente cuando votó en contra de establecer un mínimo del 3 % de plazas laborales para personas con discapacidad en el sector público, posición que luego rectificó tras reclamos de organizaciones. Tras aquel resbalón parece haber tomado camino.
Y en el extremo opuesto hay casos como el del panista Aldo Márquez Becerra, de quien a más de un año de haber asumido el cargo por acción afirmativa no se le conoce una iniciativa vinculada con la diversidad sexual. Aunque desde campaña advirtió que no legislaría con etiquetas, y se basaría en la equidad social, su inacción reabre el debate: ¿sirven las acciones afirmativas si quienes las ocupan renuncian al compromiso político y simbólico que las justifica?
3.- La nube sobre el motor de Guanajuato
Los recientes anuncios de cierres y reubicaciones en la industria automotriz encendieron las alertas. Aunque Guanajuato mantiene buen desempeño —con un valor de 658 mil millones de pesos en 2024 y un crecimiento del 16.8%—, el panorama empieza a nublarse y convertirse en una fuente de preocupación sobre si la ola de reacomodos globales alcanza también al estado, que en el primer semestre ya dejó algunos indicadores a la baja.
El contexto internacional no ayuda. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos genera incertidumbre sobre el rumbo del T-MEC, las reglas de origen y las cadenas de suministro. Aun sin retrocesos visibles en la producción, desde esta industria se perciben señales de enfriamiento: cierres en plantas estratégicas, traslados a Asia y cautela en la inversión.
Uno de los golpes más simbólicos provino de Aguascalientes, con el anuncio del cierre de la planta COMPAS —donde se ensamblan los modelos Infiniti QX50, QX55 y Mercedes-Benz GLB— previsto para mayo de 2026. El argumento oficial: “cambios en el mercado automotriz”. Lo mismo ocurrió en Querétaro, donde Mitsubishi Electric suspenderá una línea de producción para trasladarla a China. Distintos estados, misma explicación: una industria global que busca reducir costos y adaptarse a la transición eléctrica.
En Guanajuato, los indicios de alerta ya están. El cierre de la planta Yazaki en León, previsto para diciembre, podría ser el primer golpe directo. Aunque el gobierno estatal asegura que se analiza su reubicación dentro del estado, el desenlace aún es incierto. A ello se suma la pausa de al menos una docena de proyectos de expansión de empresas de autopartes en el Puerto Interior, reconocida por su director, Héctor López Santillana. Desde la COFOCE se prevé incluso una caída en las exportaciones automotrices al cierre de año.
El impacto del cierre de COMPAS aún no se refleja en Guanajuato, pero es cuestión de tiempo para que alcance al sector de autopartes. La secretaria de Economía, Cristina Villaseñor Aguilar, enfrenta así un desafío doble: diversificar una economía dependiente en buena medida del motor automotriz y evitar un retroceso en el liderazgo en el sector que tiene Guanajuato.
Contra Retrato
Carlos Manzo Rodríguez
El asesinato del presidente municipal de Uruapan no solo golpea a Michoacán, sino que desnuda la vulnerabilidad del Estado mexicano frente al crimen organizado. Había hecho lo que pocos en el poder se atreven: exigir abiertamente al gobierno federal y estatal una estrategia real para recuperar el control territorial. Su reclamo resultaba incómodo porque contrastaba con el discurso triunfalista del Gabinete de Seguridad y el desfile de cifras alegres. Su muerte, en cambio, confirma lo que intentaron negar: el Estado ha perdido la capacidad de proteger incluso a quienes lo representan.
Manzo, que llegó por la vía independiente con un fuerte respaldo ciudadano, fue marginado por los gobiernos estatal y federal. En su funeral, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla fue abofeteado por una ciudadana y salió entre gritos. La escena —junto con la irrupción posterior de manifestantes al Palacio de Gobierno en Morelia— retrata el hartazgo social.
El alcalde había hecho de su promesa de “romper con el crimen organizado” un eje de gobierno, lo que se tradujo en detenciones y enfrentamientos sin apoyo institucional. Apostó por la fuerza del Estado sin tener detrás al Estado mismo. En esa soledad, tocó intereses criminales y económicos profundamente arraigados en la región, que se mantiene en disputa, hasta quedar expuesto al desenlace que la autoridad federal ni previno ni evitó.
Su muerte también da cuenta de que, en regiones del país, y no pocas, el crimen dicta las reglas. En México, quien no se somete al poder criminal y carece del blindaje político, termina condenado a la indefensión y, con frecuencia, a la muerte.
Por cierto, el senador morenista Emmanuel Reyes Carmona fue acusado de intentar lucrar con la tragedia. Dijo sentirse muy afectado por el asesinato de su amigo Manzo y que incluso se reuniría con él este sábado —el mismo día del ataque letal ocurrido por la noche—. Un ciudadano le respondió con ironía: “¿A qué hora lo verías? Todos son oportunistas”.