El pasado miércoles 12 de noviembre, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, se presentó el modus operandi en que diversos casinos en territorio nacional, tanto físicos como virtuales, llevaban a cabo esquemas y operaciones de lavado de dinero mediante el robo y uso de identidades falsas, enganchamiento de personas, apuestas simuladas y transferencias hacia paraísos fiscales.
En México, los Casinos están catalogados, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita -conocida comúnmente como Ley Antilavado- cataloga a los casinos como giros de alto riesgo, volviéndolos precisamente propensos y/o vulnerables a ser objeto de utilización para llevar a cabo el lavado de dinero, misma que tiene como objetivo, entre otros, combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, regulando cómo las empresas y personas deben prevenir, detectar y reportar operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos de origen ilícito, establecer qué actividades se consideran vulnerables, las obligaciones de quienes las realizan y las sanciones por incumplimiento.
Es importante tener claro que en nuestro país no existe como tal el delito de Lavado de Dinero, sino precisamente, como lo marca la citada Ley, el de utilización de recursos de procedencia ilícita, siendo el lavado de dinero el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de diversas actividades ilegales, como los desarrollos inmobiliarios, venta de autos, ramo joyero, entre otros. Para llevar a cabo la revisión de esquemas de lavado de dinero es fundamental tener en cuenta aquello que sale de los parámetros, siendo diferente llevar a cabo labores de: identificación, reconocer y registrar quién es el proveedor, cliente o usuario de un servicio; revisión, proceso dinámico y continuo para asegurarse de que sus actividades son consistentes con un perfil y no presentan indicios de lavado de dinero; y verificación, confirmando la autenticidad, validez y coherencia de los datos recabados, valorando la representación, o no, de un riesgo indebido de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, siendo precisamente ésta última fase la que se está llevando a cabo en el caso particular de los casinos.
Como ciudadanos interesados, académicos, integrantes de distintas organizaciones, incluso comunidad internacional, ha sido desde hace mucho tiempo una larga pretensión y anhelo que se ataquen las causas estructurales en contra de las redes de financiamiento que permiten a las organizaciones del crimen organizado, llevar a cabo toda una serie de actividades ilegales tales como: disponer de arsenales armamentísticos de todo tipo; adquirir precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas; financiamiento de sus miembros (pagos y salarios); contratación de especialistas (militares, financieros, ingenieros químicos, civiles y de sistemas, abogados, médicos, agrónomos, artistas); mantenimiento de esquemas de corrupción; aportes monetarios a campañas electorales; compra de inmuebles para ser utilizados como campos de entrenamiento, bodegas, casas de seguridad, vivienda y recreo; adquisición, construcción y blindaje de todo tipo de vehículos (autos, motocicletas, transporte de carga, lanchas, submarinos); entre otros.
La Estrategia Nacional de Seguridad impulsada e implementada por el secretario del ramo, Omar García Harfuch, así como los cambios experimentados en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con la salida de Pablo Gómez y la ratificación de su nuevo nuevo titular Omar Reyes Colmenares en agosto pasado, parece estar dando resultados en términos de lo que marca el tercer eje de la estrategia nacional, fortalecer la inteligencia e investigación criminal, haciendo uso justamente de las labores y generación de productos de inteligencia como herramienta clave en la lucha para el combate a las actividades del crimen organizado, permitiendo anticipar y neutralizar amenazas, mediante lo que conocemos como inteligencia estratégica, a través del análisis y la interpretación de datos relevantes, procesos que, por lo delicado y elaborado para su consecución suelen llevarse a cabo en periodos prolongados, esperando, por lo mismo, arrojen buenos resultados, como parece ser que en este caso en particular se esté llevando a cabo.
Debemos ver este tipo de acciones como una serie de primeros pasos que den lugar a otros, los cuáles seguramente irán sucediéndose en cadena como parte de investigaciones concretas que lleven a la integración robusta de carpetas de investigación. Precisamente la importancia de la desarticulación de estos trece casinos en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, los cuáles realizaban operaciones en efectivo, transferencias internacionales hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como el uso de plataformas digitales no supervisadas, responde a ello.
Relevante es sin duda la identificación de los esquemas de lavado de dinero por medio de la utilización de personas con perfiles económicos no acordes a la cantidad de dinero recibido, a través del robo de identidad, engaños o a través del enganchamiento de amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, adultos mayores, los cuales, a cambio de un porcentaje, en muchos casos con total desconocimiento, transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando con ello estos ingresos aparentemente obtenidos en los casinos, regresando al país disfrazados como ganancias legales o ingresos de empresas, en un proceso que se habría repetido incontables veces en diferentes casinos y plataformas digitales; así como relevante también es el que se haya identificado al clan familiar Hysa, de origen albanés, acusándolos, tanto en México como en Estados Unidos, de facilitar el blanqueo de capitales de organizaciones criminales nacionales (cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación principalmente) como europeas a través de restaurantes y casinos. De igual forma, dos de estos trece casinos estarían ligados a Grupo Salinas a través de su división de juegos y sorteos Ganador Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego “Tío Richie” -mismo que ha hecho públicas sus pretensiones de presentarse como candidato opositor a las elecciones presidenciales de 2030- el cual, de acuerdo con un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vertido el pasado jueves, deberá pagar a la Secretaría de Hacienda 33 mil 306 millones de pesos por adeudos fiscales más intereses, correspondientes a los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013, después de haber interpuesto desde hace cinco años 112 juicios que habrían logrado aplazar la resolución de nueve amparos en contra del pago de dichos impuestos.
Me parece que, a pesar de las críticas que se le puedan hacer a todo gobierno, esta vez merece un justo reconocimiento, aplaudiendo la utilización de la inteligencia y sus resultados, sin dejar de lado que tales acciones deben ser el principio de acciones que deban mantenerse permanentemente. Seguiremos atentos.