La diligencia, que se desarrolla a puerta cerrada, comenzó antes de las 20:00 horas del martes y es encabezada por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega mediante videoconferencia, de acuerdo con información de fuentes judiciales.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre el desarrollo de la audiencia, por lo que se desconoce si durante el procedimiento se han decretado recesos. No obstante, trascendió que el debate podría extenderse incluso por más de 24 horas, debido a la complejidad del caso.
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Durante esta etapa del proceso, la defensa de los ocho imputados busca desacreditar los 100 datos de prueba que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó durante la audiencia inicial. Con estos elementos, el Ministerio Público sostiene que los acusados formarían parte de una presunta red dedicada al contrabando de combustible, considerada una de las más grandes detectadas en el país.
Según la FGR, las operaciones atribuidas a este grupo habrían provocado un daño superior a los 4 mil millones de pesos al erario mediante esquemas de evasión relacionados con la importación y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Una vez que concluyan los argumentos de ambas partes, la jueza deberá determinar si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Ruffo Appel y a los demás señalados por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
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Ruffo Appel podría enfrentar hasta 17 años de prisión
En caso de que el exmandatario estatal sea vinculado a proceso, posteriormente enfrente juicio y resulte declarado culpable, podría recibir una pena de entre 12 y 17 años de prisión por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, además de una condena adicional de 3 a 9 años por el delito de contrabando, conforme a las acusaciones formuladas por la Fiscalía.
Ernesto Ruffo Appel es reconocido por haber sido el primer gobernador de oposición al PRI en la historia de Baja California, por lo que el caso ha generado una amplia atención pública debido al perfil político del exfuncionario y a la magnitud de las acusaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal.