Celaya, Gto.- Luego de que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) determinara que el coordinador de Reconstrucción del Tejido Social, Luis Antonio Tierrasnegras Romero, tuvo conductas consideradas como acoso sexual y hostigamiento laboral hacia una trabajadora municipal, el alcalde Juan Miguel Ramírez dijo que, a su juicio, el acusado no debe permanecer en el cargo, pero no lo puede despedir hasta que la Contraloría realice una investigación y determine el grado de responsabilidad del funcionario.
El presidente municipal explicó que la recomendación del organismo estatal aún requiere agotar un procedimiento interno y, por ello, solicitó a la Contraloría que realice la investigación necesaria.
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“La PRODHEG manda cuatro cosas, una de esas es que se continúa una investigación y ayer nosotros le pedimos a la Contraloría que haga esa investigación, entonces todavía no están por concluidas las recomendaciones de la PRODHEG, yo tengo que esperar a que se concluyan para tomar decisiones… este caso siguió todo un proceso, lleva meses y meses. Yo no puedo interrumpir un proceso porque al rato me atacan, yo debo ser el cuidadoso de la ley. En este caso, mi opinión es que lo debemos de quitar”, indicó Ramírez Sánchez.
Sobre la exigencia de la regidora del PAN, Isabel Herrejón, quien pidió que se respete el acuerdo aprobado por la Comisión de Derechos Humanos en el Ayuntamiento, en el que se establece que debe ser despedido cualquier funcionario considerado generador de violencia o que vulnere los derechos humanos de los trabajadores, Ramírez Sánchez argumentó que primero se debe realizar una investigación interna antes de proceder con la destitución.
“Hay un acuerdo, pero en ese acuerdo, en el último párrafo… dice que se tomará esa decisión cuando todas las cuestiones legales queden concluidas, y esta decisión de PRODHEG todavía no está concluida. Nosotros tenemos que cumplir con el punto dos, que es la investigación, y mientras nosotros no cumplamos con eso no podemos hacer valer ese acuerdo porque si no violaría yo el mismo acuerdo y violaría yo la ley”, aseveró Juan Miguel Ramírez.
El alcalde reiteró que el posible despido del funcionario acusado de acoso sexual y hostigamiento laboral se decidirá cuando la Contraloría determine las responsabilidades correspondientes.
“El acuerdo dice que hay que correrlos, pero dice el mismo acuerdo que hay que correrlos cuando termine el proceso, y el proceso todavía no termina… Nosotros tenemos que esperar a que la Contraloría nos diga qué sucedió, etcétera. Y ya después que esté todo, entonces yo tomaré la decisión en función de ese acuerdo”, indicó.
Al ser cuestionado sobre su postura personal respecto al caso, el alcalde aseguró que él apoya a las mujeres y aboga porque estén libres de violencia, pero recalcó que busca actuar conforme al marco legal, sin descartar la separación del cargo.
“Yo voy a respetar el acuerdo, pero yo no lo puedo correr ahorita porque el mismo acuerdo dice que eso se hace cuando ya esté terminado el proceso legal… No descarto, claro que no lo descarto, porque nosotros tenemos que poner orden en muchas cosas a favor de las mujeres”, afirmó.
Tajante, dijo que: “En este caso, mi opinión es que lo debemos de quitar”.
Respecto a la atención prestada a la víctima y los protocolos seguidos, el primer edil justificó no haber intervenido de manera directa con ella, aunque confirmó que la empleada solicitó su reubicación.
PRODHEG acreditó acoso sexual y hostigamiento laboral
La resolución de la PRODHEG del expediente 1378/2025 acreditó que el titular de la Coordinación de Reconstrucción del Tejido Social, Luis Antonio Tierrasnegras Romero, incurrió en conductas de acoso sexual y hostigamiento laboral en perjuicio de una trabajadora municipal.
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La investigación confirmó la omisión de salvaguardar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia dentro de la Dirección General de Desarrollo Social del Municipio de Celaya.
De acuerdo con el expediente, los hechos iniciaron en abril de 2025, cuando la afectada denunció comentarios alusivos a su vestimenta y apariencia física —como sugerirle el uso de minifalda—, además de comportamientos impropios durante traslados de trabajo, incluyendo tocamientos no consentidos y comentarios para ocultar su presencia ante la esposa del funcionario.
Aunque el señalamiento fue negado por el acusado, la PRODHEG concatenó testimonios de testigos y la inspección de una grabación de audio donde el funcionario admitió haber sostenido conversaciones de carácter sexual, las cuales justificó como “comentarios informales”. Asimismo, se comprobó que el coordinador expuso el tema en una reunión de trabajo para intentar desacreditar a la víctima.
Para salvaguardar su integridad, la trabajadora fue reasignada a la Coordinación Rural en mayo de 2025 y posteriormente comisionada a la Dirección General de Derechos Humanos en octubre del mismo año.
La recomendación del organismo estatal, emitida el pasado 12 de agosto, incluye cuatro puntos resolutivos para la Dirección de Desarrollo Social: brindar atención psicosocial a la víctima, iniciar una investigación formal ante la autoridad competente, integrar la resolución al expediente personal del responsable e impartir capacitaciones en la materia.
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