Guanajuato, Guanajuato.- Nicolás Pérez Ponce, representante de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, denunció que los integrantes de este sector son perseguidos, luego de que recientemente al menos tres centros integrados a su agrupación han sido cateados, sin justificación alguna, por personal de la Fiscalía. Entre ellos se encuentran casos en Abasolo y Romita.
Por ello, pidió a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y al fiscal Gerardo Vázquez Alatriste que se instale una mesa de diálogo para que conozcan la problemática que enfrentan y dejen de considerarlos delincuentes.
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Pérez Ponce señaló que uno de los operativos ocurrió en Romita, donde, de acuerdo con su versión, elementos de la Fiscalía ingresaron a un centro ubicado en la calle Villagómez, después de forzar la chapa del portón, pese a que los responsables les ofrecieron abrirles el acceso.
También relató un operativo realizado en Abasolo, donde aseguró que los agentes ingresaron al establecimiento y mantuvieron a alrededor de 90 internos hincados afuera del inmueble. El representante cuestionó la orden de cateo presentada en ese caso, pues afirmó que el documento señalaba un domicilio distinto al del centro de rehabilitación y que tampoco hacía referencia al establecimiento.
“No estamos en contra del trabajo que realizan”, afirmó Pérez Ponce, quien sostuvo que los operativos son necesarios para detectar centros donde existan malas prácticas, pero pidió que las autoridades actúen conforme a derecho y respeten los derechos de los usuarios y responsables de los establecimientos.
Dijo que una de las principales preocupaciones del sector es que, durante los cateos, los internos sean tratados como delincuentes, además de que se les impida documentar mediante fotografías o videos la actuación de los agentes.
“Queremos que sigan los operativos, pero que no atropellen nuestros derechos”, expresó.
Pérez Ponce aseguró que actualmente representa a 180 asociaciones dedicadas a la rehabilitación en Guanajuato y estimó que existen más de 4 mil centros de este tipo en la entidad.
También cuestionó que, mientras algunos establecimientos son intervenidos por la Fiscalía, otros centros señalados por hechos graves continúen operando. Como ejemplo, mencionó casos en León e Irapuato, aunque aclaró que corresponde a las autoridades investigar y determinar responsabilidades.
Ante este escenario, insistió en solicitar un encuentro con la gobernadora y el fiscal estatal para establecer mecanismos de comunicación con los centros de rehabilitación.
Advirtió que, si no reciben respuesta, los integrantes de la agrupación podrían realizar nuevas acciones para exigir ser escuchados.
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Pérez Ponce sostuvo que los centros agrupados en su organización continuarán trabajando y pidió que las irregularidades de algunos establecimientos no se generalicen hacia todo el sector.
“Queremos que el tratamiento sea bien visto, que no nos traten como delincuentes”, señaló.