1.- Cirujanos plásticos, club campestre, comilonas: vida de reyes de los diputados
Con una evidente irracionalidad varios diputados han demostrado que no solo se llega al Congreso para servir, sino también para servirse. Algunos, en particular, han alcanzado niveles que deberían obligarlos a explicar públicamente sus gastos con cargo al erario, como cualquier servidor público mínimamente transparente debería hacer.
¿Por qué los guanajuatenses deberían pagar la atención de dos cirujanos plásticos para una legisladora? Ese es el caso de la morenista Hades Berenice Aguilar Castillo, quien cargó al Congreso más de 26 mil pesos por los servicios de un cirujano en Guadalajara y otros 2 mil pesos a otro cirujano en León.
El derroche no es exclusivo de un solo partido. En todas las corrientes políticas se han detectado excesos financiados por el dinero público. La diputada panista Isabel Ortiz Mantilla, por ejemplo, gastó más de 70 mil pesos en banquetes y en la renta de instalaciones, en tres ocasiones, del Club Empress en la salida de León a Silao, a más de 20 kilómetros de su casa de enlace en la comunidad de Nuevo Lindero, al sur del municipio. Para la magnitud del gasto no reportó alguna actividad inherente a su cargo durante esos días. De Ortiz Mantilla se tiene el antecedente de sus continuos viajes al extranjero cuando fue funcionaria estatal.
Los guanajuatenses también costean los “gustitos” de la diputada priista Ruth Tiscareño Agoitia, quien ha facturado más de 3 mil pesos en galletas de venta exclusiva en Palacio de Hierro, además de flores y plantas por más de 7 mil pesos. También parece despachar desde restaurantes, pues en solo tres meses ha facturado más de 40 mil pesos en comidas, con cuentas que superan los 5 mil pesos por ocasión. Otro “gustito” se lo dio la morenista y actual presidenta del Congreso, Miriam Reyes Carmona, quien cargó 2 mil pesos al erario por una salida al cine.
Los diputados ganan más de 200 mil pesos brutos al mes, pero, aun con uno de los salarios más altos del país, optan por facturar hasta los gastos más mínimos, como la compra de café en Starbucks. Entre los clientes frecuentes de la cafetería figuran los diputados Erandi Bermúdez Méndez, del PAN, y Sergio Contreras Guerrero, del Partido Verde.
Otro caso es el de la diputada panista Susana Bermúdez Cano, quien, apenas iniciada la legislatura el 25 de septiembre pasado, celebró su nuevo periodo con una comilona mexicana de más de 9 mil pesos, pagada con recursos públicos. El festejo le hace honor al nombre del restaurante: México Lindo y Sabroso.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Rodrigo González Zaragoza, podría ser un buen ejemplo de la campaña “consume local”, aunque con dinero del Congreso. Encargó el análisis de la Ley de Ingresos y Egresos para 2025 a la Firma Boutique Comercial y de Asesores Especializados Nhamch, con domicilio en San Francisco del Rincón y creada en julio de 2024. Se le pagaron 20 mil pesos a la empresa que tiene un objeto social que incluye el comercio al por mayor de textiles. Además, González Zaragoza consumió más de 3 mil pesos en un restaurante propiedad del regidor de MC en Purísima, Salvador Cruz Villegas. Consume local.
Algunos actuaron con prudencia. El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Espadas Galván, y el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, David Martínez Mendizábal, registraron gastos significativamente menores que sus compañeros. También destaca el panista Jesús Hernández Hernández, quien debutó como diputado en esta legislatura y no cargó ningún gasto al Congreso.
Lo expuesto debería llevar a un análisis serio por parte del secretario general del Congreso de Guanajuato, Javier Alfonso Torres Mereles, sobre la aprobación de estos gastos, que son claramente un exceso. Pero, sobre todo, debería desembocar en mayores controles para los propios legisladores, quienes en solo un trimestre se han dado una vida de reyes a costa del pueblo guanajuatense.
2.- Renuncia por violencia de género sacude al gobierno de San Felipe
En una contundente carta, la priista Alma María Guerra Vallejo, titular de Asuntos Jurídicos de la administración municipal de San Felipe, anunció este miércoles su renuncia. En su misiva, desglosó las razones de su decisión, entre las que destacan denuncias por violencia de género y presuntas irregularidades.
Guerra Vallejo acusa al síndico y también priista, Arturo Luna Ramírez, de ejercer contra ella violencia de tipo verbal, psicológica, institucional y sexual: “entonces para qué me sirves, vieja tenías que ser”, son parte de los maltratos que la funcionaria denuncia recibió del síndico.
Según la exfuncionaria, las agresiones escalaron debido a su negativa a acatar órdenes de Arturo Luna Ramírez, quien carecía de facultades para emitirlas. Entre estas, el síndico le habría solicitado cálculos de finiquitos para despedir personal sin atribución para hacerlo. Además, intentó integrar como asesora jurídica a una persona cercana a él, sin comprobar que cumpliera con los requisitos académicos.
La situación se agrava aún más porque, según Guerra Vallejo, la presidenta estatal del PRI en Guanajuato y diputada, Ruth Tiscareño Agoitia, estaba al tanto del hostigamiento, pero no le brindó respaldo ni intervino. Fue hasta que la denuncia se hizo pública que se buscó comunicación con la funcionaria.
Las serias acusaciones exigen una investigación profunda dentro del gobierno municipal de San Felipe, donde, por primera vez, una mujer ocupa la presidencia con la panista Saraí Lepe Monjarás. Sin embargo, el síndico parece empeñado en asumir el control del municipio, de acuerdo con versiones al interior de la presidencia.
3.- Ciudades más violentas, pero con metodología cuestionable
Celaya (8), Irapuato (21) y León (32) están consideradas dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo, según el índice anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de 2024.
Los resultados, sin embargo, deben analizarse con cautela. La información es escandalosa, aunque no sorprendente, dado que estas ciudades son las que reportan más homicidios en Guanajuato. No obstante, también son las más pobladas del estado. Si se realiza un ejercicio basado en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, la percepción de la violencia cambia, y estos municipios no necesariamente son los que presentan una mayor penetración de la criminalidad.
Sin negar las condiciones de inseguridad que enfrenta cada uno de estos municipios, evidenciadas en constantes hechos de alto impacto, también resulta reduccionista limitar el análisis a los homicidios dolosos sin considerar otros indicadores de incidencia delictiva.
Además, la propia metodología del estudio presenta ciertas inconsistencias. Se advierte que en algunos indicadores se integran estimaciones para completar datos inaccesibles, lo que enturbia el análisis. Asimismo, en ciertos casos se incluyen zonas metropolitanas, como ocurre con las tres ciudades guanajuatenses, sin que quede claro qué áreas se tomaron en cuenta.
Aun con estos cuestionamientos metodológicos, el objetivo del estudio es legítimo: “Hacemos este ranking con el manifiesto objetivo ciudadano de llamar la atención sobre la violencia en las urbes, particularmente en América Latina, para que los gobernantes se vean presionados a cumplir con su deber de proteger a los gobernados, de garantizar su derecho a la seguridad pública”.
El ranking pegó en varios actores, que evitaron abordar lo expuesto en el índice, tal es el caso de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, que se limitó a declarar que siguen trabajando.
Contra Retrato
Cinthia Teniente Mendoza
Con la confirmación de que la presidenta municipal de Villagrán podrá aparecer en la boleta para la elección judicial, en la que busca el cargo de magistrada en materia de trabajo, llega el momento de las definiciones sobre si continuará en su actual puesto, en el que lleva poco más de cuatro meses.
Si nos atenemos a sus propias palabras, debería declinar, pues cuando anunció que había avanzado en los filtros aseguró que se mantendría en el cargo. Sin embargo, las condiciones que ofrece el cargo de magistrada están muy por encima de las que tiene actualmente como presidenta municipal, especialmente en términos salariales, con un sueldo que supera los 150 mil pesos mensuales.
En la contienda tendrá de frente a Fabiola Zarco Camarillo, quien cuenta con una notable experiencia en la impartición de justicia, con años de trayectoria como jueza en materia laboral dentro del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Si bien Teniente Mendoza también ha trabajado en el Poder Judicial local, su trayectoria dista de la carrera judicial de Zarco Camarillo. En cuanto a respaldo político, la situación cambia. La presidenta municipal puede presumir de las conexiones que le brinda el morenismo y que podrían operar a su favor. Su principal aliado es su cónyuge, el senador Emmanuel Reyes Carmona.
Lo cierto es que la presidenta podrá mantenerse en el cargo y, al mismo tiempo, contender por la magistratura, ya que no existe una norma que la obligue a pedir licencia porque no recibirá recursos públicos para su promoción, a menos que en las próximas semanas el Consejo General del INE emita algún acuerdo al respecto. Si se equipara con un proceso electoral ordinario, la morenista debería solicitar licencia antes del 30 de marzo, fecha en que inician las campañas, lo que moralmente parece lo más adecuado, dada la ventaja que le otorga ser la titular de una administración municipal.
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