La propuesta, impulsada por los legisladores Ricardo Monreal y Enrique Vázquez Navarro, surge a raíz de denuncias en estados como Quintana Roo, donde se han aplicado cuotas a turistas y residentes para ingresar a playas, pese a ser espacios públicos.
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Consecuencias de incumplir la reforma
El cambio a la Ley General de Bienes Nacionales establece sanciones claras: quienes no respeten el libre acceso a las playas perderán sus concesiones o permisos sobre la zona federal marítimo-terrestre.
De acuerdo con el artículo 127, la revocación de la concesión será automática en caso de que se impida el ingreso al público. Esto significa que hoteles, desarrollos turísticos o particulares que bloqueen o condicionen el acceso podrán quedarse sin autorización para explotar esa franja costera.
Además, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) será la encargada de vigilar el cumplimiento de la ley. Para ello realizará inspecciones frecuentes, especialmente en domingos y días festivos, cuando aumenta la afluencia de visitantes.
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Obligaciones para turistas y locales
La reforma no solo fija sanciones a concesionarios, también impone responsabilidades a los usuarios: todas las personas deberán respetar las normas de protección ambiental y cuidar la biodiversidad de los ecosistemas playeros.
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la iniciativa fue turnada al Senado para su discusión en comisiones y eventual votación en el pleno. De aprobarse, se consolidará como una ley que asegura el libre acceso a las playas de México y que castiga a quienes pretendan privatizarlas.