León, Guanajuato.- Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en León denunciaron falta de efectividad en los mecanismos de protección para sus integrantes, así como acompañamiento insuficiente durante las jornadas de búsqueda en vida, durante la presentación de la campaña “Proteger la Dignidad”, organizada por el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil, en la que también estuvo presente personal de la Secretaría de Gobierno estatal.
La buscadora Rocío Gómez, integrante del colectivo Unidos por los Desaparecidos de León, expuso que la falta de acompañamiento de elementos policiales los ha obligado a cancelar tres jornadas en las últimas cuatro semanas, a raíz de la intimidación que sufrieron el 11 de agosto mientras colocaban fichas de búsqueda en la colonia Las Hilamas. Además, cuatro integrantes del colectivo han sufrido amenazas directas por su labor a partir de ese incidente.
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“Guanajuato es uno de los estados más peligrosos para las familias que buscan. Las autoridades acompañan sin un mapeo, sin un análisis previo en las carpetas, ni ver cuáles son las zonas de alto riesgo y, de hecho, nos preguntan en los lugares a donde se va a hacer la búsqueda, cuando ellos ya deberían tener la información. Ayer tuvimos otra denuncia por incidentes de seguridad; ya tenemos cuatro denuncias por las amenazas y vemos que lo del día 11 se tomó a la ligera por parte de las autoridades, cuando comentaron que no se enviaron los oficios a tiempo”, expresó durante su participación.
Otros integrantes de los colectivos también expusieron que hay áreas a las que los acompañantes de la Fiscalía y las policías, que deben garantizar su seguridad durante las jornadas de campo, se niegan a entrar, al afirmar que están bajo control de grupos criminales. Además, señalaron que los agentes ministeriales que llevan sus carpetas no muestran interés en avanzar con las investigaciones.
Tras escuchar los reclamos, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, reconoció que los protocolos de búsqueda presentan grandes áreas de oportunidad en la práctica y afirmó que, por parte de la Fiscalía estatal, existe el compromiso de ajustar y perfeccionar los trabajos de acompañamiento. Esto comenzaría por ordenar las búsquedas desde una coordinación regional donde se garanticen las medidas de protección para cada jornada.
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La campaña “Proteger la Dignidad”, que está activa desde 2015, fue presentada en Guanajuato con el objetivo de dar a conocer tanto a periodistas como a personas defensoras de derechos humanos los mecanismos de protección a los que pueden acceder de manera inmediata si se encuentran bajo riesgo, así como dialogar con sus representantes para conocer las problemáticas que atraviesan.
Congreso de Guanajuato exige informe sobre protección a colectivos de búsqueda
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó este jueves exigir un informe oficial a la Fiscalía General del Estado sobre los esquemas de protección para colectivos de búsqueda, tras la agresión armada contra el grupo “Unidos por los Desaparecidos de León”. A la par, desechó propuestas de Morena y Movimiento Ciudadano por intentar involucrar al Poder Legislativo en litigios privados y calendarizó la dictaminación de 13 leyes estatales enviadas por el Ejecutivo.
A propuesta de la diputada panista Susana Bermúdez Cano, avalada por unanimidad de todas las fuerzas políticas, el órgano legislativo requirió formalmente al fiscal general transparentar las medidas de seguridad otorgadas a las buscadoras durante los rastreos en campo. De manera puntual, solicitó un informe sobre las medidas cautelares implementadas en favor de las integrantes del colectivo leonés, derivado de los hechos violentos y amenazas sufridos el pasado 11 de agosto en la colonia Las Hilamas.
En contraste, la mayoría parlamentaria frenó y mandó al archivo tres propuestas de acuerdo impulsadas por Morena y Movimiento Ciudadano. En el caso de Morena, se pretendía que el Congreso interviniera ante la Fiscalía, la Comisión de Víctimas y el Poder Judicial por un conflicto civil entre particulares, litigado por una abogada postulante. Mientras que Movimiento Ciudadano pedía intervenir ante dependencias laborales por el despido de cinco trabajadores de una empresa privada.
Al fundamentar la improcedencia, el diputado panista Rolando Fortino Alcántar Rojas advirtió que el Poder Legislativo no tiene atribuciones constitucionales para ser gestor de negocios judiciales ajenos. Señaló que pretender inclinar la balanza en litigios privados constituiría un acto arbitrario que, además, vulneraría el secreto profesional y la protección de datos personales sensibles.
Por otra parte, la comisión formalizó el calendario de trabajo para dictaminar el paquete de reformas de la gobernadora Libia Dennise García, la Junta de Gobierno y la Comisión de Igualdad de Género, orientado a erradicar la violencia contra las mujeres y homologar el lenguaje incluyente en 13 ordenamientos estatales.
Bermúdez Cano expuso que la revisión se desahogará en dos mesas técnicas. La primera, programada para el miércoles 7 de octubre, evaluará las leyes de Bienes Delictuosos, Archivos, Arancelaria de Abogados y Notarios, Casas de Empeño, Expropiación y Justicia Alternativa. La segunda mesa se fijó para el 14 de octubre, con las leyes de Justicia Cívica, Firma Electrónica, Propiedad en Condominio, Representación Gratuita Civil, Reciclaje de Autopartes y Defensoría Pública Penal.
Finalmente, la comisión aprobó la duplicidad de término para 12 iniciativas debido a la saturación de asuntos pendientes y desechó por improcedente una solicitud de prórroga de la diputada de Morena María Eugenia García Oliveros para reformar el Código Penal, debido a que el tema ya había sido dictaminado desde el pasado 15 de julio.
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