León, Gto.- Colectivos y organizaciones de la sociedad civil en Guanajuato se pronunciaron este lunes en contra de la construcción del Acueducto Solís-Leónn, al considerar que representa “una amenaza para la vida, el bienestar y los derechos de miles de personas”, además de poner en riesgo la seguridad hídrica y ecológica de la región.
Entre las agrupaciones que suscriben el pronunciamiento se encuentran Migala Guanajuato y Guanajuato por las 40 horas, así como activistas y ciudadanos que advirtieron sobre los impactos sociales y ambientales que generaría la obra.
Colectivos señalan afectaciones en construcción del Acueducto Solís-León
De acuerdo con el documento difundido por los colectivos, el proyecto afectaría directamente al corredor que conecta la presa Solís con el municipio de León, incluyendo comunidades agrícolas y zonas urbanas en distintos municipios de los estados involucrados.
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Además, señalaron que la obra beneficiaría principalmente a sectores industriales, desplazando las necesidades básicas de abasto de agua para la población rural.
“El acueducto Solís–León compromete la vida, la salud y el empleo de miles de personas. La gestión del agua no puede seguir subordinándose a intereses privados ni a modelos que prioricen el crecimiento industrial sobre el derecho humano al agua”, advierten los colectivos.
Entre los principales argumentos, destacaron la afectación a la recarga natural de mantos acuíferos, el riesgo para la agricultura de pequeña y mediana escala y la dependencia crítica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), que podría ver comprometido hasta el 50 por ciento del recurso que actualmente utiliza.
Asimismo, denunciaron la ausencia de mecanismos de transparencia y vigilancia ciudadana en torno a la ejecución del proyecto, lo que —aseguran— genera condiciones propicias para la corrupción y la adjudicación irregular de contratos.
“El acueducto se presenta como una solución técnica cuando, en realidad, profundiza los problemas estructurales de escasez, contaminación y privatización del agua. Es una política que agrava la desigualdad hídrica y deja sin voz a las comunidades más vulnerables”, subraya el pronunciamiento.
Colectivos demandan suspensión de obra inmediata y demandan evaluación integral
Por otro lado, los colectivos también expresaron preocupación por los obstáculos legales que han enfrentado las comunidades afectadas para acceder a la justicia; pues, de acuerdo con su denuncia, han sido frenadas diversas acciones de amparo y solicitudes de revisión de la viabilidad ambiental del proyecto.
Ante ello, los colectivos exigieron la suspensión inmediata de cualquier adjudicación o avance de obra hasta que se realice una evaluación ambiental, técnica y económica independiente. También solicitaron una auditoría pública de los recursos y contratos, así como la publicación de información verificada sobre los costos y el impacto ecológico del acueducto.
Entre las demandas se incluyen además una evaluación hidrológica integral sobre los impactos en los acuíferos; el fortalecimiento de mecanismos anticorrupción y de denuncia ciudadana, y la garantía del suministro de agua local.
Finalmente, las organizaciones reiteraron que la gestión del agua en Guanajuato “debe regirse por el interés público, la justicia ambiental y los derechos humanos, y no por decisiones que promuevan la privatización del recurso”.
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