Durante la conferencia matutina encabezada desde Palacio Nacional, Harfuch descartó que el homicidio esté relacionado con alguna deuda económica familiar, y explicó que el crimen está vinculado al delito de narcomenudeo.

“La información que se tiene es que la pareja de la mamá de la menor está relacionado con narcomenudeo”, señaló el funcionario federal.
Así fue el caso de Dulce
El asesinato ocurrió alrededor de las 5:00 horas del 11 de agosto, cuando hombres armados irrumpieron en una vivienda de lámina ubicada en la calle Reforma. Los agresores buscaban al pareja sentimental de la madre de Dulce, quien logró escapar al momento del ataque. Posteriormente, comenzaron a disparar contra los presentes, y Dulce fue la única víctima mortal.
Según informó el periodista Juan Camacho, en la casa vivían Dulce junto a su madre Bianca, de 28 años, un hermano que logró ponerse a salvo al correr hacia un campo de siembra, y su abuela. Tras el ataque, la madre solicitó ayuda a las autoridades.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México arribaron al lugar para recabar evidencias e iniciar la carpeta de investigación. El cuerpo de Dulce fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) en Nezahualcóyotl; hasta el momento no se ha informado sobre la entrega del cuerpo a la familia.
Paralelismos con el caso Fernando
El homicidio de Dulce ocurre días después del caso que conmocionó a la región y al país: el asesinato de Fernando, un niño de cinco años sustraído y encontrado sin vida en Los Reyes La Paz. Fernando fue secuestrado como garantía tras un préstamo no pagado y hallado con signos de violencia el pasado 4 de agosto.

La madre de Fernando presentó denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), lo que llevó al cateo del domicilio donde se encontró el cuerpo del menor en avanzado estado de descomposición. La causa de muerte fue fractura craneoencefálica, y se identificaron múltiples heridas.
Ambos casos han generado gran indignación social y un llamado urgente a las autoridades para garantizar justicia y evitar que hechos similares queden impunes.
Habitantes del Estado de México y organizaciones civiles expresan su esperanza de que los responsables sean capturados y sancionados, y que se implementen medidas para proteger a la infancia de la violencia en la región.