Guanajuato, Guanajuato.– La diputada morenista Edith Moreno Valencia dio a conocer que pedirá la instalación de mesas de trabajo incluyentes con madres de familia que han sufrido violencia y obstáculos en la movilidad de sus hijos, como una estrategia de análisis de la llamada Ley Cazzu, que presentó en el Congreso.
“Cuando esta iniciativa llegue a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, voy a pedir formalmente que se realicen mesas abiertas, donde las madres que han vivido esta violencia puedan participar, ser escuchadas y aportar. Ustedes deben ser parte activa de las soluciones que buscamos”, destacó la legisladora.
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Moreno Valencia explicó que, tras la presentación de la llamada “Ley Cazzu” el pasado 26 de marzo de 2026, comenzó a recibir, por redes sociales, mensajes con testimonios, principalmente de mujeres que son violentadas con restricciones injustas para la movilidad de sus hijas e hijos.
“Existen muchos casos donde progenitores que no cumplen con su obligación de manutención limitan la movilidad de niñas y niños para ejercer presión sobre la otra parte. Eso es una forma de violencia que daña a las familias y afecta profundamente a los menores. Desde que presenté esta iniciativa, he escuchado historias dolorosas de madres amenazadas o controladas a través de sus propios hijos. A todas ellas les digo: no están solas; su voz será parte de esta transformación”, compartió la legisladora.
Esta iniciativa busca reformas al artículo primero de la Constitución local para impedir que progenitores ausentes o deudores alimentarios obstaculicen la movilidad de sus hijas e hijos. También plantea consolidar mecanismos judiciales ágiles y accesibles, con perspectiva de género y de derechos de la niñez, que permitan autorizar traslados o cambios de residencia en casos de abandono parental o incumplimiento reiterado de obligaciones alimentarias.
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Asimismo, establece que, en cualquier procedimiento que implique el traslado o cambio de residencia de niñas, niños y adolescentes, las autoridades deberán priorizar los derechos a la vida familiar, la identidad y la movilidad, con garantía del interés superior de la niñez.