Guanajuato, Guanajuato.- Se realizó el foro de consulta Por un Servicio Profesional de las Juventudes, en torno a la iniciativa de reforma a tres leyes: la Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus Municipios, la Ley para las Juventudes del Estado y la Ley de Educación estatal. El objetivo es que el servicio social se convierta en una estrategia real de formación y que vincule a los interesados con puestos de manera inmediata.
Para el diputado Jesús Hernández Hernández, el servicio social no debe ser visto como una simple obligación académica, al tratarse de una experiencia profesional que permite a los estudiantes salir de las aulas y enfrentarse a la realidad. Señaló que el foro permitirá a las personas legisladoras conocer las necesidades del sector y saber si lo plasmado en la ley responde a lo que realmente se requiere.
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Como presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato, la legisladora Miriam Reyes Carmona indicó que este ejercicio busca incorporar en las leyes las necesidades más apremiantes de la población joven.
Se instalaron 10 mesas de trabajo en las que los asistentes conocieron la iniciativa y compartieron su opinión sobre los cambios necesarios en diferentes ordenamientos que impactan los rubros de educación y desarrollo económico de las y los jóvenes.
La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco y el diputado José Salvador Tovar Vargas manifestaron que en dichas mesas conocieron los desafíos y retos que aún persisten, como la necesidad de diversificar las oportunidades de servicio profesional, ya que actualmente la mayoría se concentran en carreras como Derecho y Administración Pública, excluyendo otras disciplinas valiosas.
Coincidieron en que descubrieron la necesidad de simplificar los trámites para acceder a estos servicios; atender la falta de claridad en los objetivos del servicio profesional; y corregir la escasa retribución para la comunidad estudiantil. También observaron que el servicio en asociaciones civiles, enfocado en el voluntariado, suele tener un mayor impacto social, aunque estas organizaciones carecen de visibilidad y de vínculos suficientes para ofrecer más plazas.
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Señalaron que los estudiantes enfrentan desafíos logísticos y sociales, como la dificultad de los horarios y la falta de transporte público eficiente, lo cual complica su traslado a las dependencias, especialmente aquellas ubicadas en las afueras de sus lugares de origen. También evidenciaron discriminación por género, tras escuchar testimonios de mujeres que reciben un trato distinto al de los hombres.