Guanajuato, Guanajuato.- La Comisión de Turismo del Congreso de Guanajuato pospuso la votación de la reforma que busca prohibir que cualquier adulto ingrese a un hotel o motel con menores de edad si no demuestra antes que es su padre o tutor. Aunque la iniciativa legal para atajar la pederastia y la trata infantil debía dictaminarse a más tardar este 18 de noviembre, los diputados acordaron este martes ampliar el plazo porque todavía no logran definir cómo aplicarla sin perjudicar a las familias que salen de vacaciones.
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La propuesta, promovida por el grupo parlamentario del PRI, pretende obligar a los encargados de recepción a solicitar actas de nacimiento o identificaciones oficiales antes de autorizar el ingreso, además de dar aviso inmediato a las autoridades policiacas si detectan conductas sospechosas. Sin embargo, las asociaciones hoteleras y las dependencias estatales continúan analizando los mecanismos de operación para que la medida proteja a la niñez sin convertir el registro de turistas en un interrogatorio policiaco.
El proyecto permanece bajo análisis en comisiones desde febrero pasado, cuando la bancada priista llevó el tema a la tribuna del Pleno para advertir sobre los riesgos en los centros de hospedaje:
“Hoteles, moteles, hostales y cabañas están siendo utilizados para delitos contra menores de edad. Aquí no hay matices, esto está pasando y es responsabilidad nuestra cerrar esos espacios. Si alguien quiere entrar con un menor, debe justificar quién es y qué relación tiene con él”.
El dictamen en elaboración plantea establecer tres obligaciones para los establecimientos del ramo en Guanajuato: verificar la mayoría de edad del huésped, negar el hospedaje a quien acuda con niñas, niños o adolescentes sin comprobar el parentesco legal y denunciar ante el Ministerio Público a los adultos que se nieguen a identificarse o caigan en contradicciones durante su registro.
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Para destrabar la aplicación de la norma, la comisión que encabeza la diputada morenista Miriam Reyes Carmona acordó celebrar una mesa de trabajo técnica con la Secretaría de Turismo, el sector hotelero del estado y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de definir los protocolos de verificación documental antes de someter el dictamen final a votación.
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