Con esta medida, el Registro Nacional de Población (Renapo) comenzará a recabar, de forma voluntaria y gradual, los datos biométricos de la ciudadanía, como huellas digitales, firma y rostro, para integrarlos a un nuevo formato de la Clave Única de Registro de Población (CURP), que será reconocida tanto por instituciones públicas como privadas.
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“El registro no será obligatorio, tampoco tendrá costo. Cada persona decidirá si quiere integrarse”, afirmó Arturo Arce, director del Renapo. No obstante, aclaró que aunque el uso de datos biométricos será opcional, la CURP actual de 18 caracteres seguirá siendo requerida como elemento obligatorio de identificación.
Registro voluntario, pero exigencia institucional
Según Arce, la CURP biométrica será considerada como una actualización del documento tradicional. Las instituciones públicas y privadas deberán reconocerla y podrán solicitarla como medio de verificación de identidad.
Las personas interesadas podrán elegir entre dos vías para registrar sus datos: acudir a uno de los 145 módulos existentes en registros civiles del país, o hacer el trámite de forma digital mediante la aplicación LlaveMX, gestionada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
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Durante el registro digital, los ciudadanos podrán revisar si ya han proporcionado información biométrica a otras instancias, como el SAT o la Secretaría de Relaciones Exteriores, y decidir si desean compartir esos datos con el Renapo.
Para el registro presencial, los mayores de edad deberán presentar su CURP actual y acta de nacimiento certificada, mientras que para menores se requerirá la identificación del tutor legal, quien también deberá estar enrolado biométricamente.
Datos biométricos para localizar personas desaparecidas
Uno de los principales argumentos del gobierno para impulsar la medida es mejorar el proceso de identificación de personas desaparecidas o no identificadas. En México, más de 120 mil personas están registradas como desaparecidas, y más de 70 mil cuerpos se encuentran sin identificar.
“Las reformas obligan ahora a todas las autoridades, sin importar si dependen de salud, justicia o gobiernos estatales, a entregar la información genética que tengan disponible”, explicó Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos.
Aunque aún no hay cifras exactas del universo de restos no identificados, Medina aseguró que los datos recabados alimentarán una base nacional que, en conjunto con información de familiares, permitirá avanzar en el cruce genético.
A pesar de estas intenciones, la Fiscalía General de la República ha sido señalada por su reticencia histórica a poner en marcha el Banco Nacional de Datos Forenses, cuya creación fue mandatada desde 2017 y que apenas comenzó a operar formalmente en 2023, aún sin datos completos.
Especialistas alertan sobre vigilancia masiva
Organizaciones civiles como Artículo 19, Amnistía Internacional, R3D, Data Cívica y Fundar han advertido que el acceso irrestricto de autoridades de seguridad y fiscalías a datos biométricos representa un serio riesgo de vigilancia masiva y violaciones a derechos humanos.
En un comunicado conjunto, al menos 14 asociaciones señalaron que la reforma fue aprobada sin el debido diálogo público, pese a los constantes llamados de la sociedad civil a revisar su contenido.
Ante los señalamientos, autoridades aseguraron que el sistema contará con altos estándares de ciberseguridad.
“La plataforma está vigilada las 24 horas y se someten a auditorías y simulaciones de ciberataques constantes”, afirmó Arce.