Guanajuato, Guanajuato.- El acoso sexual puede ser considerado una falta administrativa grave, por lo que resulta necesario incorporar esta conducta específica en la normatividad disciplinaria administrativa para prevenir estos actos y reducir su incidencia. Esta fue una de las conclusiones de la mesa de trabajo encaminada a reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, con el objetivo de establecerlo como una falta grave de las personas servidoras públicas.
La iniciativa propone establecer que comete acoso sexual quien, con fines sexuales o de lujuria, asedie y genere desventaja, indefensión o riesgo inminente para otra persona servidora pública, independientemente de que el comportamiento ocurra en uno o varios eventos, incluso si no existe una relación de subordinación.
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Los participantes en la mesa de trabajo señalaron que considerar el acoso sexual como una falta administrativa grave es viable, ya que, aunque actualmente constituye un ilícito de carácter penal, al no estar expresamente previsto como falta grave en la ley, dichas conductas se sancionan como no graves, lo que implica penas de menor intensidad.
Recordaron que cuando se declaró la alerta de género en el estado, una de las recomendaciones fue fortalecer la exposición de motivos, pues las entidades federativas tienen facultades para legislar en la materia. También se propuso incluir la obligación de las autoridades de considerar la perspectiva de género en las investigaciones y promover el uso de lenguaje incluyente como una acción progresiva en favor de las mujeres.
La legisladora del PAN, Susana Bermúdez Cano, señaló que los índices de acoso sexual en México muestran una prevalencia significativa, sobre todo hacia las mujeres, siendo el tipo de violencia más frecuente con un 42%; en espacios públicos alcanza el 45% y en el ámbito laboral el 47%. Por ello, pidió revisar la aplicabilidad de la norma y la tipificación del tipo básico y de las figuras equiparadas.
La diputada del PRI, Rocío Cervantes Barba, manifestó que la mayoría de los casos no se denuncian, lo que genera ambientes laborales con estrés, ansiedad, aislamiento y hostilidad. Señaló que la impunidad convierte al acoso en un delito continuado y que las autoridades no deben tolerar estas conductas entre servidores públicos.
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El congresista del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, destacó que es un tema sensible que no debe tener tolerancia alguna. Afirmó que el Estado tiene libertad de configuración en la materia y coincidió con la intención de la propuesta, por lo que instruyó la elaboración del dictamen en sentido positivo.