Guanajuato, Guanajuato.- Poder elegir qué grúa contratar ante un percance vial y topar por ley los cobros de arrastre y corralón para evitar abusos económicos a los conductores, es el objetivo central de la reforma a la Ley de Movilidad que comenzó a desahogarse en el Congreso del Estado de Guanajuato.
La propuesta, analizada en la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones que encabeza el diputado panista Rolando Fortino Alcántara Rojas, busca frenar las tarifas discrecionales que aplican las empresas concesionarias cuando una patrulla o agente vial retiene un automóvil.
En la mesa técnica, el Poder Legislativo frenó la postura del Gobierno del Estado, remitida por la Consejería Jurídica y respaldada por la Secretaría de Gobierno y de Obra Pública, que sugería descartar la ley estatal y dejar la regulación en manos de reglamentos municipales.
46 ayuntamientos carecen de facultades legales para fijar tarifas
El área técnica del Congreso precisó que por principio de reserva de ley los 46 ayuntamientos carecen de facultades legales para fijar tarifas o permisos de grúas, competencia que recae exclusivamente en el ámbito estatal, donde actualmente no se supervisan los tabuladores.
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Al defender la iniciativa de su bancada, el PRI argumentó a través de sus asesores parlamentarios que la falta de reglas claras convirtió este servicio en un negocio redondo, donde los agentes viales canalizan hasta 30 remisiones diarias a una misma empresa de grúas consentida, cuyo dueño resulta ser el mismo concesionario del depósito oficial, cobrando cuotas arbitrarias tanto por el traslado como por cada día de encierro.
La reforma plantea fijar por ley el tabulador del banderazo de salida y el costo por kilómetro recorrido, obligar a las corporaciones a transparentar los turnos de asignación de grúas y garantizar que, si la unidad no obstruye el paso vehicular, el automovilista tenga la libertad de llamar a su aseguradora o a la empresa de su preferencia.