Guanajuato, Gto.- El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó este martes una autorización para que el Poder Ejecutivo contraiga una deuda pública por 8 mil millones de pesos que serán utilizados durante 2026, de los cuales 4 mil millones se destinarán directamente a la construcción del Acueducto Solís-León, una de las obras de infraestructura hídrica más relevantes en la historia reciente de la entidad.
La iniciativa fue aprobada por mayoría de votos en el pleno legislativo, en medio de un intenso debate político y manifestaciones sociales en las inmediaciones del Palacio Legislativo, donde alrededor de un centenar de campesinos de Acámbaro, Jerécuaro y otros municipios del sur del estado expresaron su rechazo con consignas como “¡Corruptos!” y “¡Traidores!”.
La votación se llevó a cabo con la oposición expresa de los 11 legisladores de Morena, quienes aunque dijeron respaldar el proyecto incluido en el Plan Hídrico Nacional 2024-2030, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuestionaron que su ejecución requiera la contratación de deuda por parte del Estado.
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Los diputados de Morena argumentaron que, pese a estar contemplado en la política hídrica federal, el mecanismo de financiamiento es insostenible y puede agravar la carga financiera de Guanajuato.
La mayoría legislativa —integrada por partidos que respaldan la administración estatal— defendió la necesidad de asegurar recursos para incidir de manera efectiva en la escasez y vulnerabilidad hídrica que enfrenta la entidad.
Proyecto estratégico con apoyo y resistencias
El Acueducto Solís-León es un proyecto de gran envergadura que buscará garantizar el abasto del agua potable y fortalecer la seguridad hídrica de varias ciudades del corredor industrial del Bajío, incluyendo León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya, beneficiando a millones de habitantes; estimaciones oficiales señalan que podría atender a más de 3.5 millones de personas una vez concluido.
El acueducto forma parte del esfuerzo conjunto entre los gobiernos estatal y federal para enfrentar la creciente demanda de agua potable, sustituir proyectos previos cancelados y responder a la sobreexplotación de mantos acuíferos, especialmente ante la presión de la sequía que ha afectado al campo y la actividad productiva en la región.
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Empresarios locales, como los representantes de Coparmex León, han respaldado el proyecto, señalando que la obra es clave para garantizar el abasto de agua sin afectar el desarrollo económico y piden generar confianza y diálogo con las comunidades rurales para disipar temores.
No obstante, la obra también ha generado una fuerte oposición desde distintos sectores sociales y ambientales.
Organizaciones civiles, campesinos y defensores del medio ambiente han calificado el proyecto como un riesgo potencial para los recursos naturales y han denunciado una falta de consulta pública adecuada.
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