Guanajuato, Gto.- El Congreso del Estado emplazó a 22 ayuntamientos de Guanajuato para que, en un plazo improrrogable de 15 días hábiles, informen oficialmente si ya cuentan con unidades de atención especializada y si adaptaron sus reglamentos locales a la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, con los votos de legisladores de Morena y el PAN, como paso previo a dictaminar una propuesta de exhorto dirigida a las administraciones que presuntamente no han instalado estas oficinas.
Guanajuato
Buscan crear reglamento para atender a comunidad LGBT en Guanajuato capital
A partir de que las alcaldías sean notificadas formalmente, correrá el plazo de 15 días hábiles para que entreguen sus reportes por escrito, por lo que el término legal para responder vencerá durante la primera semana de octubre de 2026.
La solicitud de información abarca a casi la mitad de los municipios de la entidad, encabezados por distintas fuerzas políticas: Abasolo, Apaseo el Alto, Atarjea, Cuerámaro, Doctor Mora, Guanajuato capital, Huanímaro, Jaral del Progreso, Manuel Doblado, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Salamanca, San José de Iturbide, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Victoria, Xichú y Yuriria.
De acuerdo con lo mandatado en la legislación estatal, los gobiernos locales están obligados a crear una unidad administrativa especializada que cuente con personal capacitado y presupuesto propio asignado en sus presupuestos de egresos. Dichas áreas tienen como función ofrecer orientación y asesoría jurídica directa, brindar acompañamiento psicológico, canalizar casos de discriminación y capacitar a funcionarios públicos y elementos de la policía municipal para erradicar abusos hacia personas de la diversidad sexual.
Irapuato
Discriminación y rechazo aumentan riesgo de suicidios entre población LGBT en Irapuato
Para evitar que estas áreas existan solo en el papel o dependan de la voluntad política en turno, el órgano legislativo también requirió un informe a la Secretaría de Derechos Humanos del Estado. La dependencia deberá detallar qué municipios tienen oficinas operando con recursos reales, qué convenios de colaboración se han firmado y qué asistencia técnica se ha proporcionado a las autoridades locales.
Una vez que se cumpla el plazo fijado para la primera semana de octubre y se concentren los informes de los 22 ayuntamientos, la comisión legislativa resolverá si emite el exhorto formal y las medidas procedentes en caso de comprobarse omisiones.