Guanajuato, Guanajuato.- Las comisiones del Congreso del Estado de Guanajuato analizaron diversas propuestas legislativas en materia de seguridad, movilidad y derechos humanos. Mientras la iniciativa para que los policías municipales reciban denuncias avanzó en su estudio, los proyectos para subsidiar el transporte público y hacer obligatorias las mesas de paz fueron frenados al determinarse que violan la Constitución o carecen de sustento legal.
En la Comisión de Seguridad Pública se debatieron tres proyectos. El primero, impulsado por Hades Berenice Aguilar Castillo para formalizar mesas de paz, encontró un obstáculo cuando el panista José Erandi Bermúdez precisó que el Gobierno estatal no tiene autoridad para convocarlas.
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Una segunda propuesta buscaba hacer flexibles los programas de prevención del delito ante emergencias, pero fue rechazada porque los participantes determinaron que dicha flexibilidad les restaría eficacia, certeza y permanencia a las metas de seguridad.
En contraste, la propuesta para dar más facultades a las policías municipales fue considerada viable. La iniciativa busca que los oficiales locales actúen como primeros respondientes, con capacidad para recibir denuncias, investigar hechos delictivos y preservar la escena del crimen. Las autoridades acordaron analizar este proyecto junto con uno de la gobernadora para fortalecer a las corporaciones.
Un bloqueo legal similar al de las mesas de paz ocurrió en la Comisión de Movilidad. La legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco buscaba que el Estado financiara y regulara el transporte público. Sin embargo, las autoridades dictaminaron que la idea es inviable porque viola la autonomía de los ayuntamientos y les restaría ingresos directos.
Durante el debate, los asistentes sugirieron no limitar el subsidio únicamente a mujeres jefas de familia, mientras que los defensores de la propuesta exigieron dejar de ver el transporte como un negocio. Al reconocer la barrera jurídica, la diputada adelantó que armará una nueva propuesta para sortear el problema legal.
Durante los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos se revisaron tres proyectos a favor de los pueblos indígenas y afromexicanos. El primero busca garantizarles acceso a la justicia mediante trámites del Registro Civil y edictos totalmente gratuitos, aunque los asesores pidieron delimitar de forma estricta bajo qué condiciones aplicaría este beneficio.
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Las otras dos propuestas se centraron en reconocer los derechos de ambas poblaciones. Los participantes y el diputado David Martínez Mendizábal concluyeron que la ley no puede agrupar a indígenas y afromexicanos por igual, ya que sus orígenes, territorios y culturas son distintos. Además, determinaron que cualquier reforma deberá someterse a una consulta libre y previa con las comunidades, apoyando la petición de la legisladora Plásida Calzada Velázquez de mantener actualizado el catálogo estatal para proteger sus derechos.
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