Guanajuato, Gto .- El congreso desechó las propuestas de que los centros de rehabilitación paguen menos predial y menos servicio de agua. Los representantes de estos lugares señalaron que durante más de 20 años no han tenido apoyo de las autoridades a pesar de de que su labor es la de asistir la rehabilitación de adictos

La mayoría panista en el Congreso desechó las dos propuestas enfrente de representantes de diversos anexos en el Estado.

Congreso de Guanajuato rechaza propuestas para reducir impuestos a centros de rehabilitación Foto: Archivo
Congreso de Guanajuato rechaza propuestas para reducir impuestos a centros de rehabilitación Foto: Archivo

La diputada de Morena Hades Aguilar propuso que los inmuebles utilizados como centros de rehabilitación paguen menos de impuesto predial.

Tampoco pasó la reserva de la bancada de Morena que proponía un descuento del 50 por ciento en el pago del agua potable.

Congreso de Guanajuato rechaza propuestas para reducir impuestos a centros de rehabilitación Foto: Archivo
Congreso de Guanajuato rechaza propuestas para reducir impuestos a centros de rehabilitación Foto: Archivo

Dicha reserva pretendia aliviar los costos operativos de más de 180 centros de rehabilitación que se sostienen de donaciones y recursos propios.

Los representantes de anexos que estuvieron en la sesión

Los representantes de anexos que estuvieron en la sesión, se dijeron molestos por el rechazo de las propuestas, aunque confesaron que no estaban deseocionados porque siempre les hacen lo mismo.

Una vez más tenemos en contra a nuestro gobierno estatal. Somos muy vulnerables y aun así nos cierran la puerta”, reclamó Nicolás Pérez Ponce, presidente de la Unión Estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío.

Congreso de Guanajuato rechaza propuestas para reducir impuestos a centros de rehabilitación Foto: Archivo
Congreso de Guanajuato rechaza propuestas para reducir impuestos a centros de rehabilitación Foto: Archivo

Dijo que los descuentos beneficiaban directamente a las personas en situación de calle o consumo extremo que son atendidas en los centros.

“Nada se queda para nosotros; todo se destina a la gente que recogemos, incluso en carreteras. Tan solo atendemos alrededor de 8 mil personas al año”, señaló.

Los dirigentes de centros de rehabilitación sostuvieron que el Estado no solo niega estímulos, sino que mantiene trámites costosos que afectan su operación.

“Por uso de suelo son 6 mil pesos al año, más de 30 mil en Protección Civil. Todo sale de nosotros”, señaló José Alfredo Arenas, del Movimiento Juvenil hacia la Libertad, quien abundó que la carga económica se suma al riesgo de que, con reformas federales recientes, se limite el internamiento involuntario de personas adictas.

Un adicto en tres días no puede decidir si quiere seguir un tratamiento. Es imposible”.

José Alfredo Arenas reprochó también que, mientras los centros civiles atienden adicciones de cristal y hasta fentanilo, las clínicas estatales “son prácticamente inexistentes”.

El gobierno está casi siempre en contra. Nosotros ayudamos, y ellos cada vez ponen más trabas, denunció.

Lamentaron que el debilitamiento de los anexos agravaría no solo el consumo, sino también la violencia.

Hay miles de jóvenes que si no se atienden, pueden ser reclutados por el crimen organizado. Nosotros evitamos eso todos los días”, insistió Arenas.

De acuerdo a la legisladora Hades Aguilar, el rechazo refleja la falta de voluntad política frente a la emergencia “Si de verdad queremos atender la crisis de adicciones, debemos apoyar la primera línea de atención”, señaló desde la tribuna principal del Congreso.