Guanajuato, Guanajuato .-Para hacer efectiva la paridad de género en las administraciones locales, el grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa de reformas a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, con el fin de que al menos la mitad de las direcciones generales, dependencias centralizadas y organismos operadores de agua potable sean encabezados por mujeres, además de ampliar los periodos de licencia por paternidad.
Desde la tribuna del Congreso, la diputada María Eugenia García Oliveros expuso que los triunfos electorales no se han traducido en una presencia equitativa en la toma de decisiones: “En Guanajuato las mujeres representamos el 51 por ciento de la población y sostenemos la economía local. Sin embargo, cuando volteamos a ver al interior de los 46 municipios, nos topamos con que el poder administrativo y las decisiones presupuestales siguen concentradas mayoritariamente en manos masculinas. La paridad electoral se está topando con un muro invisible en la burocracia municipal“.
La legisladora morenista detalló que de las áreas clave designadas por los ayuntamientos, únicamente en las unidades de transparencia hay mayoría femenina, mientras que las tesorerías, contralorías y secretarías permanecen bajo dominio masculino.
“Apenas tenemos 12 mujeres secretarias de Ayuntamiento en todo el estado. Además, hay direcciones que siguen siendo mayormente masculinas, como Obras Públicas, donde no llegan ni a diez las directoras, y lo mismo ocurre en los organismos de agua potable. No queremos que la participación de las mujeres se limite a áreas estereotipadas“, señaló al plantear también la extensión de las licencias de paternidad de los 20 días actuales a periodos más amplios para fomentar la corresponsabilidad en el hogar.
PRI e independiente proponen hasta 16 años de prisión por clonar patrullas y cárcel por llamadas falsas al 911 en Guanajuato
Para hacer frente a las nuevas modalidades delictivas que amenazan a conductores y elementos de seguridad en Guanajuato, así como para inhibir el uso táctico de reportes falsos de emergencia, diputados del PRI y el legislador independiente Sergio Alejandro Contreras Guerrero presentaron un paquete de reformas penales y de seguridad pública en el Congreso local. Las propuestas plantean castigar con hasta 16 años de prisión la clonación de patrullas, sancionar con cárcel las llamadas falsas al 911 utilizadas para emboscar a policías y hacer obligatorio el uso de cámaras corporales en las corporaciones de los 46 municipios.
Vida Pública
Viernes frío con temperaturas debajo de los 25°C; así estará el clima en Guanajuato
A nombre de la bancada del PRI, se presentó una reforma al Código Penal del Estado para tipificar como delito grave la fabricación, rotulación, posesión o conducción de vehículos con características, balizamientos, torretas o logotipos falsificados de corporaciones de seguridad. La iniciativa contempla penas que van de los tres hasta los 16 años de prisión con el propósito de frenar la operación de retenes apócrifos montados por la delincuencia para cometer asaltos a transportistas y automovilistas, sancionando tanto a los tripulantes como a los talleres que se presten a clonar unidades oficiales.
Por su parte, la diputada priista Rocío Cervantes Barba propuso reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado para exigir que los agentes municipales porten cámaras de solapa y que todas las patrullas cuenten con sistema de geolocalización satelital. La legisladora subrayó que la videovigilancia personal servirá para transparentar los operativos, prevenir abusos de autoridad y dotar de certeza jurídica a los uniformados cuando deban repeler agresiones armadas en el cumplimiento de su deber.
En tanto, el diputado independiente Sergio Alejandro Contreras Guerrero planteó sancionar con dos meses a dos años de prisión a quien realice llamadas falsas o de broma a las líneas de emergencia como el 911. El legislador alertó que la entidad registra cerca de 3 millones de reportes apócrifos al año y documentó casos en Celaya, León y Salamanca donde grupos criminales generaron alertas ficticias para desviar unidades hacia zonas despobladas y emboscar a balazos a los elementos de seguridad.