La medida, impulsada por legisladores de derecha y respaldada por la mayoría parlamentaria, sostiene que desde que Sheinbaum asumió la Presidencia mexicana en octubre de 2024 ha mantenido una postura “hostil” hacia el Gobierno peruano, lo que —según el documento— ha generado malestar entre diversos sectores políticos.
“El Congreso de la República aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debido a su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú”, informó el Legislativo en un comunicado oficial difundido en redes sociales.
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La moción fue defendida en el pleno por el congresista Ernesto Bustamante Donayre, integrante del bloque fujimorista, quien calificó la actitud de la mandataria mexicana como “provocadora” y “carente de prudencia diplomática”.
Bustamante ha sido objeto de críticas en el pasado por comentarios machistas. En marzo de este año fue denunciado ante la Comisión de Ética por afirmar que “no existe una condición biológica que incentive a las mujeres a participar en ciencias”, lo que generó una amplia condena en la opinión pública.
Por su parte, el expresidente del Congreso, José Jerí, actualmente acusado de corrupción y abuso sexual, fue uno de los primeros en pedir la ruptura total de relaciones con México, pese a que su gestión al frente del Legislativo concluyó con una desaprobación del 83 %, según una encuesta de Datum Internacional publicada por El Comercio.
El distanciamiento político entre ambos países se originó tras la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo, un profesor de origen rural e indígena que ganó las elecciones de 2021 y fue acusado por sus opositores de intentar disolver el Congreso. México ofreció asilo político a varios de sus excolaboradores, entre ellos Betssy Chávez, ex primera ministra peruana.
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Tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como la actual mandataria mexicana han expresado su respaldo a la familia de Castillo, lo que fue interpretado en Lima como una intromisión en asuntos internos. Sin embargo, el Gobierno de México ha reiterado su compromiso con la resolución pacífica de los conflictos y su decisión de no escalar la confrontación diplomática.
A pesar de las diferencias políticas, los vínculos comerciales entre México y Perú continúan activos, aunque analistas advierten que la decisión del Congreso peruano podría afectar el clima bilateral y la cooperación regional.