Guanajuato, Gto.- Todas las fuerzas políticas coincidieron con el punto de acuerdo presentado por la legisladora de MC, Sandra Pedroza para exigir transparencia y atención inmediata ante la posible vulneración del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el cual es administrado por la Fiscalía General del Estado.
Esto por el supuesto hackeo a esa dependencia. Pedroza advirtió que no se trata de un simple incidente informático, sino de la posible exposición de información altamente sensible de mujeres que denunciaron violencia y confiaron en el Estado para su protección.
Recordó que no es la primera vez que se vulneran los sistemas de la Fiscalía, pues en noviembre de 2025, después de caer en contradicciones para ocultar y minimizar la situación, el organismo finalmente reconoció que su infraestructura fue vulnerada, y señaló que hasta el momento no se ha presentado un informe técnico integral que precise qué sistemas fueron comprometidos ni qué medidas estructurales se implementaron.
La legisladora enfatizó que el banco estatal forma parte de los compromisos asumidos en la Alerta de Violencia de Género y que su información debe homologarse con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).
Ante presunta hackeo, Congreso de Guanajuato demanda refuerzo de ciberseguridad
Trajo a colación que el 31 de diciembre de 2025 se publicó el Acuerdo 13/2025-FGEG, mediante el cual se emitió una Política General de Actuación, Prevención y Atención en materia de Seguridad Informática, lo que —afirmó— confirma que la ciberseguridad no era un tema accesorio y que existían áreas que requerían fortalecimiento estructural.
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Pedroza enfatizó que no se trata de hacer acusaciones ni juicios anticipados, sino de exigir que la respuesta institucional esté a la altura, pues aseguró que una filtración de éste tipo puede poner en riesgo la seguridad y vida de las víctimas, generar represalias y desalentar futuras denuncias.
Destacó que la ley establece la obligación de notificar al órgano garante de protección de datos personales —el IACIP en Guanajuato— y a las personas afectadas en un plazo máximo de 72 horas cuando se confirma una vulneración.
Diputados demandan informe preciso y acciones ante vulneración de información
Así entonces, solicitó a la fiscalía de Guanajuato un informe técnico preciso sobre la situación, el alcance real de los hechos y el estado de implementación de su política de seguridad informática.
También al IACIP, confirmar si fue notificado y qué acciones ha iniciado.
De la misma manera a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, informar si fue notificada, si el sistema nacional pudo verse afectado y cuáles son las medidas adoptadas para garantizar la integridad y seguridad de la información.
Sandra Pedroza insistió que es deber del congreso vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales y deslindar responsabilidades en caso de advertirse fallas estructurales o incumplimientos.
El punto de acuerdo fue aprobado de manera unánime.
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