Guanajuato, Gto.– El Congreso del Estado de Guanajuato apretó este jueves el cerco de fiscalización y normatividad sobre los municipios de la entidad, al aprobar un paquete de dictámenes que exhibe omisiones administrativas y exige cuentas claras: desde transparentar más de 280 millones de pesos en obra y la semaforización opaca en Silao, hasta obligar a los 46 ayuntamientos a instaurar Unidades de Atención a Víctimas, auditar la aplicación de cascos en motociclistas y frenar un rezago de 30 años en ordenamientos indígenas.
En la Comisión de Asuntos Municipales, los legisladores avalaron un exhorto urgente al Ayuntamiento de Silao de la Victoria para que haga público el estado real del programa de obra pública y los contratos del proyecto integral de semaforización y monitoreo, vinculados a convenios de la empresa Semex que son investigados por la Auditoría Superior de la Federación.
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El diputado de Morena, Ernesto Millán Soberanes, denunció que la administración municipal de Silao incumplió los plazos legales de 15 días fijados por el Poder Legislativo para transparentar dichos contratos, además de ocultar la información en sus plataformas oficiales.
“El municipio de Silao está incumpliendo diversas leyes al no informar los avances de la obra pública, al no contar con la información al alcance del ciudadano y al no transparentar los recursos que rebasan los 280 millones de pesos en obra. 280 millones de pesos en obra no es una baratija, no son 10 pesos lo que se está pidiendo que nos diga el municipio cómo, cuándo y en dónde se aplicó. Asimismo, el municipio no otorgó información alguna a este Congreso, lo que nos hace creer que hay un asomo de corrupción al no querer informar algo tan sencillo y obligatorio”, sentenció el diputado morenista.
Mientras que el legislador panista Juan Carlos Romero Hicks admitió que Silao enfrentó dificultades para aprobar su presupuesto y ofreció acompañamiento técnico al ayuntamiento, sin justificar la demora.
Congreso pide atención a víctimas y actualización de reglamentos indígenas
En esa misma mesa, la comisión aprobó un segundo dictamen para exhortar a los 46 municipios del estado a que instauren formalmente sus Unidades Municipales de Atención a Víctimas, asignándoles presupuesto, personal especializado e infraestructura para garantizar atención psicológica y jurídica con perspectiva de género y derechos humanos, en coordinación con la Comisión Estatal y la Fiscalía.
A la par, se dictaminó el exhortó a 13 alcaldías con población indígena —Apaseo el Alto, Atarjea, Comonfort, Dolores Hidalgo, Salvatierra, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán y Xichú— para que adecuen sus reglamentos a la reforma vigente desde septiembre de 2024, permitiendo que delegados y subdelegados se elijan por asamblea comunitaria y usos y costumbres.
La diputada de Morena, Plásida Calzada Velázquez, expuso que hay municipios que arrastran normativas intactas desde hace 30 años, emanadas de leyes ya abrogadas.
Por su parte, en la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial, la presidenta del órgano, la diputada de Movimiento Ciudadano Sandra Alicia Pedroza Orozco, confirmó que se solicitará a los 46 municipios un informe oficial para verificar si ya armonizaron sus reglamentos de tránsito locales a la reforma de diciembre pasado, que obliga al uso de cascos certificados y establece regulaciones estrictas para motociclistas.
Finalmente, los integrantes de esta comisión avalaron el dictamen de reforma a la Ley de Movilidad del Estado remitido por el Ejecutivo estatal y acordaron abrir una consulta técnica con organizaciones de personas con discapacidad y concesionarios del transporte público de todo el estado, con el fin de dictaminar tres iniciativas acumuladas de Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y el PRI que buscan garantizar accesibilidad universal y frenar la siniestralidad vial.
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