Celaya, Guanajuato.- La Contraloría Municipal de Celaya presentó a regidores y síndicos del Ayuntamiento un informe en el que se establece que la Oficialía Mayor violó los derechos de los jubilados y pensionados de la presidencia al quitarles el fondo de ahorro y pretender reducirles el aguinaldo, ya que son derechos adquiridos por los trabajadores.
El presidente de la Comisión de Contraloría, el regidor del PAN Carlos Alberto Ruiz León, informó que el reporte que les entregó la contralora Laura Elena Lara señala que fue inadecuado el proceder de la Oficialía Mayor y, por ello, aumentarán las demandas al municipio, lo que costará varios millones.
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Carlos Ruiz añadió que los gastos de las demandas, los honorarios de abogados y demás costos que se generen serán mayores que lo que el presidente municipal pretende ahorrar al quitar las prestaciones a los jubilados.
Otra irregularidad es que la Oficialía Mayor tomó determinaciones que solo le corresponde decidir al Ayuntamiento, como la cancelación del fondo de ahorro de los jubilados, la propuesta de reducir los días de aguinaldo de 50 a 25 y, más recientemente, la disminución de salarios de los tres mil trabajadores municipales, al descontarles el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que supuestamente no se había cobrado correctamente.
“Nos comentó la contralora que los ex trabajadores tienen derechos adquiridos, bajo el artículo 14 Constitucional que habla de la no retroactividad de la ley. Nunca debió darse esta situación por parte de la Oficial Mayor; la suspensión de esta prestación nunca debió ocurrir”, informó Carlos Ruiz.
El reglamento para Jubilados y Pensionados del municipio también da la razón a los ex trabajadores, pues aunque fue abrogado en 2012, ellos continúan gozando de esas prestaciones y derechos.
“Destacó específicamente el artículo 10 y 11 de este reglamento, donde se comenta que deben gozar de estas prestaciones. El artículo 11 establece que se deben respetar las mismas prestaciones; la Oficialía Mayor incurre en responsabilidad administrativa al retirarlas a este personal”, indicó Carlos Ruiz.
El presidente de la Comisión de Contraloría señaló que los regidores están preocupados por las decisiones unilaterales que ha tomado la Oficialía Mayor, Mireya Villagómez, sin consultar al Ayuntamiento.
“Si estas personas pensionadas y jubiladas inician juicios, hay altas probabilidades de que el municipio pierda y los costos por honorarios y gastos judiciales serán responsabilidad de la Oficialía Mayor por actuar sin autorización”, mencionó.
La presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Celaya, Blanca Hilda Grande, coincidió en que las demandas saldrán más caras para el municipio.
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Son 220 los jubilados que pertenecen a la Asociación, de los cuales 80 se mantienen diariamente en el plantón iniciado en presidencia. Las manifestaciones comenzaron el 11 de agosto para exigir la devolución de sus prestaciones.
Los derechos laborales adquiridos en México se sustentan en la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece estos derechos fundamentales para todos los trabajadores. Cualquier cambio en la legislación laboral no puede limitar ni cancelar los derechos ya obtenidos, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El viernes 26, una comitiva de los jubilados y pensionados mantendrá una reunión en la presidencia municipal con autoridades municipales y el subsecretario del Trabajo del Estado, José Luis Castillo, para darle solución al problema, ya que los ex trabajadores han advertido que no cederán y no levantarán el plantón y las manifestaciones hasta que les regresen el pago total de sus prestaciones, sin embargo el alcalde Juan Miguel Ramírez, afirmó que no hay vuelta atrás, que se les descontará de 50 a 25 días de aguinaldo y se analizarán el resto de las prestaciones.
Y se tiene previsto que el lunes comience el análisis en la Comisión de Recursos Humanos, de la situación de los jubilados y pensionados.
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