1. Crisis forense: otro gran pendiente para Claudia y Libia
Si de pendientes entre los gobiernos estatales y el gobierno federal hablamos, hay uno que apremia, sólo requiere voluntad política y mucho ayudaría resolverlo frente a la descomunal tragedia de las personas desaparecidas: la crisis forense.
Se trata del mayor reflejo de autoridades estatales y federales rebasadas por el desborde de víctimas asesinadas y desaparecidas, debido a las malas prácticas institucionales, las irregularidades y las negligencias que han comprometido los procesos de identificación, restitución e impartición de justicia para las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en fosas comunes.
Ante este panorama, existen dos medidas que quedarán truncas en el sexenio y que sólo requieren voluntad política de parte de la virtual presidenta, Caludia Sheinbaum Pardo y la virtual gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo
Por un lado, la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero, se mantiene sin acatar la orden judicial con la que debe crear el Banco Nacional de Datos Forenses. Una resolución que la buscadora guanajuatense Olimpia Montoya consiguió al recurrir al amparo, pues pese a especificarse la figura en la ley general de búsqueda, es fecha que ésta es inexistente.
En el ámbito estatal ya se ha planteado la creación del Instituto Estatal Forenses mediante una reforma constitucional que ya se planteó ante los diputados del Congreso de Guanajuato por colectivos y organizaciones, pero esta fue frenada categóricamente al no ser del gusto del todavía titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Zamarripa Aguirre.
De entrada, lo que se resolvería es el caos de cifras y datos de investigación de cada persona. En el caso de Guanajuato los cuerpos resguardados en los panteones municipales de Guanajuato eran 825 al 10 de marzo de 2023. En cambio, el panteón forense central de la fiscalía mantenía, en calidad de no identificados, 847 cuerpos al 18 de septiembre de 2023.
En lo que toca a los cuerpos resguardados en el panteón forense en calidad de identificados, pero no reclamados, eran 103, siendo el total de 950 cuerpos. Menos de un año después, ya se informaba de 376 cuerpos al 8 de febrero de 2024. Datos cambiantes que reflejan precisamente la necesidad de darle orden pero sobre todo de descartar cualquier intento de discrecionalidad u ocultamiento.
De forma particular, los colectivos guanajuatenses Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Guanajuato, Luz y Justicia, Hasta Encontrarte y Proyecto de Búsqueda, Colectivos de Guanajuato han planteado un Plan Estatal de Exhumaciones en coordinación con autoridades nacionales, así como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). Veremos como pinta el sexenio.
2. El agua por el FAIS, el trueque imposible
Si el Plan Hídrico Nacional que ha anunciado Claudia Sheinbaum Pardo, se basa enteramente en financiar las obras hidráulicas con el dinero del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS) del que dependen la gran mayoría de los municipios, ya se puede esperar otra grave controversia dado que muchos alcaldes tendrían que elegir entre su programa o apostarle al agua.
Pero además, la complejidad más evidente con este planteamiento, que la virtual presidenta dijo ya tener apalabrada con los gobernadores, es la gran diversidad de necesidades que acumulan en el tema los municipios, sobre todo entre aquellos que no tienen un sistema operador del agua o bien, los que lo tienen pero operando de forma irregular.
Para dimensionar a lo que nos referimos, basta decir que en 2024, el FAIS repartió 115 mil millones a nivel nacional, de los cuales 101 millones se distribuyeron entre los municipios -el 88 por ciento-.
En Guanajuato, en total se destinaron 2 mil 966 millones entre los 46 municipios y entre estos ya hay una diversidad extrema de necesidades.
Por ejemplo, para Manuel Montes de la Vega, alcalde electo de San José Iturbide, la propuesta es de aplaudir; Mauricio Trejo Pureco de San Miguel de Allende y César Prieto Gallardo, se expresaron a favor sin cortapisas. Mientras tanto, la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos consideró que la propuesta de usar el FAIS podría dañar financieramente a algunas entidades.
En términos prácticos, para volver obligatorio el destino del recurso, la presidenta tendría que recurrir a una reforma en la Ley de Coordinación Fiscal, y contar con la aprobación del Congreso federal, pero sobre todo con los gobernadores como promotores de una medida a la que todavía le sobran las dudas.
3. Caso Martínez Noguez: culpas y responsabilidades
En primera instancia, el Consejo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos señaló que fue el Mecanismo Federal de Protección el que acordó con el municipio de Celaya, las medidas de resguardo para el periodista Alejandro Martínez Noguez luego de que fuera atacado en noviembre de 2023, aunque sin incluir escoltas de traslados.
Luego el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ventiló, en el mismo sentido, que el propio comunicador fue el que solicitó agentes de tránsito para su protección. Una declaración que motivó una postura expresa del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección, en la que puntualizan que es responsabilidad de ambas instancias supervisar la aplicación de las medidas de protección.
El consejo confirmó como antecedente que Alejandro había sido víctima de un ataque armado en noviembre de 2022 en Celaya, por lo que desde entonces contaba con medidas de protección, que implican la coordinación entre el Consejo Estatal de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y el Mecanismo de Protección Federal.
Es por ello que si bien hay declaraciones públicas que señalan que Martínez Noguez solicitó directamente escoltas de policía municipal de Celaya, y que dicha corporación decidió asignar una patrulla rotulada como policía de tránsito, tanto el Consejo Estatal como el Mecanismo Nacional son responsables darle seguimiento al caso, sobre todo cuando había una amenaza manifiesta.
Así que la exigencia por otra investigación que esclarezca las culpas o las responsabilidades en el asesinato de conocido “Hijo del Llanero Solititito” y no es para menos. El propio Consejo
admitió como de extrema gravedad que periodistas que se encuentran incorporados al Mecanismo Federal sean asesinados. Tal cual, la descoordinación fracasó en el peor momento.
CONTRA RETRATO
Mauricio Battaglia Velázquez
Prácticamente pintó su raya. A pesar de buscar los mismos objetivos que los fabricantes informales de los pueblos del rincón que han convocado a una marcha contra la importación de productos asiáticos para el 12 de agosto, tomó distancia y distinguió a sus agremiados como empresas formales que pagan sus impuestos. Para él, tocan en puertas separadas.
El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato (Ciceg), Mauricio Battaglia Velázquez, señaló que no prevén sumarse a los zapateros de San Francisco y Purísima del Rincón los cuales se encuentran asediados por operativos contra la piratería. Aunque dijo creer en el derecho a las personas a manifestarse.
El líder empresarial consideró que la cancha debe ser pareja, objetivo que ellos, los formales, buscan a la Secretaría de Economía, Aduanas y SAT, “no con marchas”. Hablamos de 730 socios de CICEG, mientras se calcula que en San Francisco del Rincón han cerrado cerca de 100 microempresas, mientras que en León han sido 52 por fabricar productos apócrifos.
Se trata pues, de un ecosistema entre zapateros que claramente se haya envuelto en las mismas complicaciones, aunque por razones distintas. Una segregación entre formales e informales, pues para Battaglia “todos los temas que son ilegales y que hablan de formalidad le pegan mucho a la industria”.
Así que en medio de la cruzada contra las importaciones de China, los zapateros de Guanajuato viven sus propias complejidades entre quienes se dicen piratas “por necesidad” y los que por pagar impuestos se dicen representantes legítimos del sector.