Guanajuato, Guanajuato.- Tras la invalidación de la Corte, surgen críticas por la deficiente redacción legislativa original. Diputadas buscan ajustar la norma, reconociendo la falta de análisis previo y la necesidad de establecer agravantes claras para proteger a grupos vulnerables.
La invalidación de porciones del Código Penal sobre las terapias de conversión (ECOSIG) por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expuesto las fracturas y fallas técnicas en el proceso legislativo original. Mientras el Congreso de Guanajuato se alista para reajustar la ley, las voces en el recinto marcan posturas encontradas sobre el origen y la viabilidad de este delito.
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“Ese delito es inoperante tal y como está redactado; sigue siendo inoperante aun con las implicaciones que genera la Corte”, sentenció la diputada Susana Bermúdez Cano. Para ella, el problema principal radica en que el proceso no contó con un análisis a conciencia, careciendo de cifras o centros identificados en Guanajuato que justificaran la creación del tipo penal.
Sobre la ambigüedad en la redacción, cuestionó: “¿Cuál es el límite? ¿Quiénes son los denunciantes? ¿Quién va a ir a denunciar este hecho si están culpando al tutor? ¿El vecino, un amigo, una amiga?”. Bermúdez afirmó haber solicitado, en su momento, la lectura del artículo para que sus compañeros escucharan lo que aprobaban, señalando que, a pesar de que el dictamen avanzó por mayoría, hoy la realidad legislativa los alcanza.
Por otro lado, la diputada morenista María Eugenia García Oliveros sostiene que los errores en la construcción del delito eran predecibles. “Ya se veía venir… Lo platicamos en las mesas de trabajo tanto los asesores como su servidora”, afirmó, atribuyendo las fallas a la resistencia de ciertos grupos parlamentarios.
“Tuve que lidiar con personas que están muy cerradas, que son de derecha, que a veces no entienden que con esas actitudes lo único que hacen es violentar a las mujeres por sus derechos a decidir”, expresó.
Ante la invalidación de la Corte, García Oliveros anunció que presentará una iniciativa con agravantes específicas cuando las víctimas sean menores, personas con discapacidad o adultos mayores, diferenciándola de otras propuestas que, a su decir, solo repiten lo dictado por la Corte.
En cuanto a la premura con la que se aprobó originalmente la normativa, las posturas de autocrítica varían. Para la diputada Plásida Calzada, el origen del problema fue la necesidad de ceder en las negociaciones legislativas: “Muchas de las veces hay que ceder… pues en pleno queremos que se avance. Entonces, ahorita, con lo que dictamina la Corte, sin duda alguna nos sigue dando la razón y en eso seguimos nosotros trabajando también”.
Mientras el Congreso evalúa si el camino será una derogación simple de los conceptos invalidados o una reestructura total del artículo, la controversia persiste sobre la efectividad de la norma.
La diputada panista Susana Bermúdez Cano subrayó que, al invalidar la Corte el párrafo relacionado con los padres, se cae en la regla general de 2 a 6 años de cárcel, pero insistió en que el tipo penal sigue sin responder a dónde están ocurriendo estas prácticas.
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“El antecedente histórico es de que a una mujer se le llevaba a que fuera violentada sexualmente… Sí es grave, claro que es grave, pero ahorita, en la actualidad, ¿dónde está esa problemática?, ¿dónde están esos centros para poderlos reportar?”, concluyó.
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