Ciudad de México, México.- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado a tres importantes instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por su posible implicación en el lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides, específicamente en la operación de redes relacionadas con la producción y distribución de fentanilo.

Tras las acusaciones de lavado de dinero, CIBanco enfrenta distanciamiento de socios, caída en su calificación crediticia y reemplazo como fiduciario (Foto: Twitter)

A pesar de la negativa de las entidades señaladas, que insistieron en su plena legalidad y cumplimiento de las normativas, la situación ha tenido repercusiones tanto en el ámbito empresarial como en el mercado financiero.

La respuesta del Gobierno Mexicano: Intervención temporal

Tras el señalamiento de FinCEN, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México intervino en las tres instituciones. La CNBV tomó la decisión de sustituir temporalmente a los órganos administrativos y a los representantes legales de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con el fin de proteger los derechos de los ahorradores y clientes. La medida fue tomada tras constatarse que las instituciones enfrentaban serios problemas de financiamiento derivados de los señalamientos de la autoridad estadounidense.

Tras las acusaciones de lavado de dinero, CIBanco enfrenta distanciamiento de socios, caída en su calificación crediticia y reemplazo como fiduciario (Foto: Twitter)

En declaraciones del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, la intervención fue temporal y necesaria para evitar cualquier afectación a los clientes mientras se verificaban las implicaciones de las acusaciones y se resolvían los problemas financieros internos de las instituciones involucradas.

El ‘castigo’ a CIBanco y repercusiones para sus socios

De las tres instituciones señaladas, CIBanco ha sido la más afectada, ya que varios de sus socios decidieron distanciarse públicamente. Fideicomisos de inversión en bienes raíces en México, como Terrafina y Fibra Inn, han anunciado que solicitarán la salida de CIBanco como fiduciario, debido a los señalamientos que involucran a la entidad en actividades ilícitas.

Terrafina, en su comunicado oficial, señaló que su asesor está preparando la convocatoria a una asamblea ordinaria para discutir las acciones que permitirán minimizar los riesgos ante la incertidumbre generada por la intervención. Sin embargo, aclaró que no se espera que la orden de intervención tenga un impacto material en las operaciones de la empresa.

Por su parte, Fibra Inn decidió desvincularse de CIBanco como fiduciario emisor. En su declaración, la firma dejó claro que el cambio no obedece a un incumplimiento por parte de CIBanco, sino a la necesidad de elegir un nuevo fiduciario en el marco del contrato de fideicomiso. Aseguraron que tomarán las medidas necesarias para proteger los intereses de los tenedores de certificados y asegurar la normal operación de sus negocios.

Impacto en las calificaciones crediticias

Tras las acusaciones de lavado de dinero, CIBanco enfrenta distanciamiento de socios, caída en su calificación crediticia y reemplazo como fiduciario (Foto: Twitter)

La intervención de la CNBV y el distanciamiento de los socios de CIBanco se sumaron a un golpe significativo para las tres instituciones en términos de su calificación crediticia. La agencia Fitch Ratings, que ya había degradado a CIBanco por su vínculo con las acusaciones de lavado de dinero, recortó las calificaciones de las tres entidades financieras debido al impacto negativo que este escándalo ha tenido sobre sus perfiles de negocio y financieros.

CIBanco, que ya había sido degradada por Standard & Poor’s, vio su calificación caer de ‘A’ a ‘B’.

Intercam pasó de ‘AA-’ a ‘B’.

Vector Casa de Bolsa sufrió una caída similar, bajando de ‘AA-’ a ‘B’.

Estas bajas en las calificaciones fueron acompañadas de observaciones negativas, destacando el riesgo inminente que enfrentan las instituciones debido a su presunta complicidad con cárteles mexicanos de la droga, involucrados en el lavado de millones de dólares provenientes del tráfico de fentanilo y en la compra de precursores químicos para su fabricación.